El Poder Judicial provincial proyecta gastar casi 145 mil millones de pesos en 2027.
- El 87,75% del presupuesto —más de $127 mil millones— estará destinado a gastos en personal, incluidos los salarios de jueces, funcionarios y empleados. La magnitud de esa estructura contrasta con las prolongadas demoras que se registran en los tribunales, donde existen causas que permanecen tantos años sin resolución que terminan prescribiendo.
- La partida representa el 5,28% del presupuesto general de la Provincia. Dividida por los 185.732 habitantes registrados en el Censo Nacional 2022, equivale a casi $780.000 por ciudadano.
Los datos surgen del proyecto de presupuesto que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, presentó ante la Comisión de Economía Nº 2 de la Legislatura. La propuesta deberá ser analizada por los legisladores durante el tratamiento de las cuentas públicas para el próximo ejercicio.
Casi 9 de cada 10 pesos se van en sueldosUno de los datos más significativos aparece al examinar la distribución del gasto. De acuerdo con los cuadros oficiales que acompañan el proyecto de Presupuesto 2027, el Poder Judicial prevé destinar $127.104.098.891 a gastos en personal.
Ese importe representa el 87,75% del presupuesto total. En otras palabras, casi nueve de cada diez pesos proyectados para el funcionamiento de la Justicia se destinarán a remuneraciones y gastos vinculados con su planta de personal, en la que están comprendidos jueces, funcionarios y empleados.
La magnitud de esa partida deja en evidencia el peso que tiene la estructura de recursos humanos dentro del presupuesto judicial. El cuadro oficial identifica el gasto global en personal, aunque no discrimina en esa presentación cuánto corresponde específicamente a jueces, funcionarios de distintos niveles – fiscales, defensores y peritos entre otros – y trabajadores administrativos.
El resto de los recursos deberá cubrir los bienes de consumo, los servicios no personales, las inversiones en bienes de uso y las aplicaciones financieras, entre otros conceptos contemplados en la estructura presupuestaria.
Construcción y compra de nuevos inmueblesEn materia de infraestructura, el Superior Tribunal incluyó entre sus prioridades la construcción de un edificio para la Fiscalía y la Defensoría de Tolhuin, la instalación de una sede de atención judicial en Puerto Almanza y la refacción de distintos inmuebles, entre ellos el ubicado en la esquina de Gobernador Paz y Fadul, en Ushuaia, en donde supo funcionar antiguamente un supermercado chino y una pizzería.
Durante su exposición, Battaini también destacó la adquisición de un inmueble destinado a la Dirección Pericial. Según explicó “contar con una sede propia permitirá reducir los gastos derivados de trámites y prácticas que actualmente se realizan fuera de las instalaciones judiciales”.
A esas previsiones se suman inversiones en tecnología y modernización de los procesos de trabajo. La titular del STJ sostuvo que la incorporación de nuevas herramientas “debe facilitar el acceso a la Justicia y garantizar la protección de la información judicial y de los datos correspondientes a las causas en trámite”.
Bienestar laboralOtro de los puntos mencionados por Battaini fue la creación de un espacio de Bienestar Laboral, destinado a atender de manera confidencial situaciones que afecten al personal judicial, en coordinación con las áreas de Talento Humano y Recursos Humanos.
«Estamos convencidos de que debemos brindarnos apoyo entre las distintas áreas para colaborar con nuestra gente, de manera que pueda trabajar con tranquilidad, comodidad y en un ambiente más pacífico», expresó.
Por su parte, el administrador del Poder Judicial, Fabián Pastorino, informó sobre la ejecución presupuestaria correspondiente a 2026 y detalló los principales rubros previstos para el año próximo. Según indicó, la participación del Poder Judicial en el presupuesto provincial “se mantiene en línea con la de ejercicios anteriores”.
La presentación fue encabezada por Battaini, acompañada por el secretario de Superintendencia y Administración, Luis María Palma; el administrador Fabián Pastorino y la subadministradora Paula Abbene. La reunión estuvo presidida por el legislador Juan Matías Lapadula y contó con la participación de Federico Greve, Damián Löffler, Jorge Lechman y Juan Carlos Pino.
Con casi $145 mil millones proyectados para un solo ejercicio, la discusión legislativa no deberá limitarse al análisis de las obras y los recursos que reclama el Superior Tribunal.
También deberá examinar una estructura presupuestaria que absorbe casi el 88% de sus fondos en gastos de personal, mientras numerosas causas se prolongan durante años y algunas terminan prescribiendo por no haber recibido el tratamiento judicial en tiempo y forma. La magnitud de los recursos asignados obliga, necesariamente, a discutir también la eficiencia del servicio que se presta a la ciudadanía.
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