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19/11 2026

La legisladora Natalia Graciania explicó los fundamentos de su voto negativo a la Ley de Financiamiento Educativo, aprobada por la Legislatura fueguina mediante el desempate de Victoria Vuoto. La representante de La Libertad Avanza consideró que la iniciativa no ofrece soluciones concretas para el sistema educativo, incorpora nuevas obligaciones fiscales y compromete recursos provinciales futuros sin garantizar mejoras.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Graciania sostuvo que su bloque mantuvo una posición coherente durante todo el tratamiento parlamentario y rechazó que se insistiera con un proyecto que anteriormente no había conseguido los acuerdos necesarios. Según argumentó, la denominación de la norma no se corresponde con sus alcances reales: “Si uno dice que es una ley de financiamiento educativo está mintiendo, acá no se está financiando nada”.

La legisladora consideró insuficientes los recursos contemplados y objetó particularmente las obligaciones presupuestarias que establece la iniciativa. En ese sentido, afirmó que “los fondos que se pueden calcular son exiguos y no tienen un impacto como el que se pretendía con esta ley”, mientras advirtió que se comprometen ingresos todavía inexistentes para sostener obligaciones futuras.

Su principal diferencia con el procedimiento legislativo radica en que, a su entender, la discusión debía incorporarse al tratamiento del presupuesto provincial de 2027. Graciania explicó que “esta ley de financiamiento educativo tendría que haber sido debatida dentro del presupuesto”, porque los recursos destinados al sistema están distribuidos entre diferentes organismos y requieren una evaluación conjunta.

También vinculó la aprobación con la política tributaria del Ejecutivo y sostuvo que las nuevas fuentes de financiamiento dependen de modificaciones impositivas. Para la legisladora, “si los tratamos por separado, estamos viendo porciones del problema o el problema fragmentado”, cuando la cuestión central es la insuficiencia de recursos provinciales.

En el plano político, atribuyó la sanción a compromisos entre el gobernador Gustavo Melella, la conducción del SUTEF y sectores del justicialismo. A su juicio, la iniciativa “solamente responde a una necesidad de una excusa para poder explicar por qué Tierra del Fuego tuvo 46 días a los chicos sin clases”, sin resolver las causas del conflicto educativo.

La representante libertaria tampoco consideró que la nueva legislación garantice la normalización del calendario escolar. Al respecto, manifestó que “no es una garantía de que el SUTEF no vuelva a generar situaciones con pérdida de clases en las escuelas”, ni de que el Ejecutivo adopte las medidas necesarias para asegurar la continuidad pedagógica.

Graciania extendió sus críticas a la administración provincial y rechazó que las dificultades presupuestarias puedan atribuirse exclusivamente a decisiones nacionales. Según expresó, “el dinero no alcanza porque no gestionan bien”, y añadió que “no pusieron en ningún momento las cuentas en orden”, vinculando esa situación con el déficit previsto para el próximo ejercicio.

Respecto de las consecuencias del conflicto docente, manifestó preocupación por la recuperación de contenidos y la ausencia de estadísticas oficiales completas sobre jornadas perdidas. “Es una tragedia educativa lo que estamos transitando”, afirmó, al considerar insuficientes los dispositivos de recuperación implementados durante los sábados.

Finalmente, diferenció a los trabajadores docentes de sus representantes sindicales y sostuvo que “fueron engañados por la dirigencia del SUTEF”. Desde esa perspectiva, calificó la norma como “una ley vacía de contenido, vacía prácticamente de fondos y que no resuelve nada”, reafirmando los motivos de su rechazo en el recinto.

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