Radar en Tolhuin: inspección positiva, pero todavía incompleta

La inspección realizada esta semana en el predio de la estancia El Relincho, en inmediaciones de Tolhuin, donde se encuentra instalado el radar de la empresa británica LeoLabs, dejó resultados favorables, aunque todavía insuficientes para esclarecer completamente su situación. El legislador Pablo Villegas, presidente de la comisión investigadora, consideró que la intervención permitió avanzar en aspectos ambientales y técnicos, pero reconoció que quedaron verificaciones pendientes.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, explicó que la inspección surgió de un requerimiento legislativo al Ministerio de Producción y Ambiente, ante la ausencia de antecedentes sobre controles anteriores y el incumplimiento de obligaciones ambientales de la empresa. Según precisó, LeoLabs Argentina SRL llevaba más de tres años obligada a presentar un plan de cierre, como consecuencia de la revocación de una autorización provincial.

De la recorrida participó personal ambiental y técnicos de la Dirección Provincial de Energía, quienes constataron la desconexión del suministro eléctrico. Villegas confirmó que “ese radar no está teniendo energía eléctrica, no hay medidor, está desconectada la conexión que se toma de la ruta”, aunque aclaró que no pudieron ingresar al sector inmediato de la instalación.

El acceso a la estancia fue autorizado por su propietario, circunstancia que el legislador valoró especialmente. Sin embargo, la imposibilidad de realizar una inspección directa del equipamiento y la ausencia de especialistas nacionales limitaron las conclusiones técnicas.

Sobre el resultado general, Villegas estimó: “Diría que en un 80% fue positiva”, y vinculó ese balance con la demostración de que la provincia podía ejercer sus facultades ambientales. En ese sentido, consideró que “lo que pudimos demostrar es que cuando se quiere se puede”, para luego atribuir la falta de actuaciones anteriores a que “no hubo voluntad política”.

La participación de organismos nacionales continúa pendiente. La comisión solicitó colaboración a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y al Ente Nacional de Comunicaciones, sin obtener respuestas satisfactorias. Villegas explicó: “Hemos hecho el requerimiento formal, hemos tratado de comunicarnos con las autoridades de la Jefatura de Gabinete de la Nación, pero nos ha resultado muy infructuoso”.

Mientras tanto, la investigación legislativa ingresó en su etapa final. El trabajo incluye documentación administrativa y testimonios de funcionarios provinciales, municipales y nacionales, destinados a reconstruir las decisiones que posibilitaron la instalación del radar.

El plazo para presentar conclusiones vence el 15 de diciembre, aunque Villegas manifestó su intención de anticiparlo. La finalidad, explicó, es determinar “qué funcionarios intervinieron, cómo intervinieron, cuál fue el grado de participación en la voluntad del Estado provincial para facilitar esa instalación y funcionamiento”, y establecer eventuales responsabilidades.

Respecto del informe definitivo, Pablo Villegas finalmente precisó que corresponde “proceder a la valoración de esos hechos y determinar si hay responsabilidades de funcionarios provinciales o no”. Esa evaluación constituirá el cierre de una investigación que todavía mantiene interrogantes técnicos e institucionales.