La motosierra y el riesgo de una Tierra del Fuego despoblada

13/11 2026

El diputado nacional Miguel Rodríguez acaba de poner en discusión uno de los pilares del desarrollo fueguino. Según su interpretación, el trabajo que genera la industria electrónica no es genuino porque depende de decisiones del Gobierno nacional. En su lugar, propone fortalecer el turismo, la pesca, los hidrocarburos y otras actividades capaces de sostener una economía menos dependiente del régimen promocional.

La propuesta de diversificar la producción no es novedosa ni necesariamente desacertada. Tierra del Fuego necesita ampliar sus posibilidades económicas y superar dependencias que la vuelven vulnerable. El problema comienza cuando esa transformación se plantea en medio de una crisis laboral, sin respuestas suficientemente concretas para quienes están pagando sus consecuencias.

Rodríguez defiende la política económica del presidente Javier Milei, incluida la apertura comercial que afecta a la industria fueguina. No hace falta atribuirle obediencias ni motivaciones personales para advertir la tensión: representa a una provincia cuya principal actividad manufacturera está siendo golpeada por decisiones nacionales que él respalda de manera incondicional.

Cuando la motosierra alcanza a los trabajadores

La motosierra, símbolo de la política económica libertaria, promete eliminar privilegios, reducir costos y corregir distorsiones. Pero cuando sus efectos alcanzan a Tierra del Fuego, no solamente están en juego balances empresariales o ventajas impositivas.

Detrás de cada puesto de trabajo privado perdido hay un salario que desaparece, una familia que debe afrontar sus compromisos y una economía local que pierde capacidad de consumo.

Los empresarios también pueden sufrir pérdidas, reducir ganancias o cerrar establecimientos. Pero sus posibilidades de afrontar una crisis no son necesariamente las mismas que las del trabajador despedido, cuya realidad inmediata consiste en seguir pagando el alquiler, alimentar a sus hijos y sostener su hogar.

Rodríguez ha cuestionado incluso la conducta de determinados empresarios. Corresponde reconocerlo. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue pendiente: ¿qué responsabilidades concretas deberían asumir las empresas beneficiadas durante décadas por el régimen promocional y qué protección recibirán los trabajadores que quedan desplazados?

Porque discutir la eficiencia de un sistema no debería significar desentenderse de quienes dependen de él para vivir.

La historia personal de una contradicción

Hay un aspecto singular en la trayectoria del diputado. Rodríguez llegó desde Misiones buscando oportunidades, trabajó en la industria electrónica, fue suboficial de la Policía provincial y desarrolló un emprendimiento de fabricación de muebles antes de alcanzar responsabilidades políticas.

Su propia historia forma parte del fenómeno social que hizo crecer a Tierra del Fuego: argentinos que dejaron sus provincias para establecerse en el extremo sur, encontrar trabajo, formar una familia y construir un proyecto de vida.

El legislador recuerda que también fue despedido de una fábrica y que consiguió salir adelante por otros caminos. Su experiencia merece respeto. Pero una solución individual no constituye necesariamente una respuesta para miles de trabajadores.

No todos pueden convertirse en emprendedores. (Mucho menos en un marco de gravísima crisis provocada por decisiones políticas). No todos disponen del capital, las herramientas o las oportunidades para comenzar otra actividad. Y ninguna economía puede sostenerse suponiendo que cada trabajador despedido encontrará, por su cuenta, una salida.

Las soluciones del futuro y las urgencias del presente

Rodríguez propone aprovechar mejor los recursos naturales, desarrollar infraestructura portuaria y atraer inversiones. También ha aclarado que no pretende eliminar el subrégimen industrial y que considera necesario preservar los puestos de trabajo existentes.

Son planteos que merecen discusión. Pero las inversiones necesitan tiempo, los proyectos requieren financiamiento y los nuevos sectores productivos no necesariamente demandan la misma cantidad de trabajadores ni las mismas especialidades que la industria electrónica.

¿Qué propone, entonces, para atravesar esa transición sin provocar una crisis todavía más profunda en los hogares fueguinos?

¿Qué ocurrirá con los operarios que pierden hoy sus empleos mientras se espera la llegada de inversiones futuras? ¿Quién garantizará sus ingresos, su capacitación y sus posibilidades de reinserción laboral?

No alcanza con señalar hacia dónde debería dirigirse la economía. También hay que explicar cómo llegará hasta allí la sociedad que debe sostenerla.

Cuando la crisis laboral se transforma en éxodo

La discusión adquiere una gravedad adicional porque las consecuencias ya no se limitan al ámbito laboral.

En septiembre, Radio Fueguina difundió un análisis del consultor Leonardo Pérez Bustos, basado en registros del Renaper, que identificó una disminución formal de 1.750 habitantes en Río Grande respecto del máximo alcanzado en 2024. El especialista estimó que el retroceso real podría ser mayor y vinculó la salida de familias jóvenes con la crisis del empleo.

No es todavía una demostración de despoblamiento masivo de toda la provincia. Pero constituye una advertencia que sería irresponsable ignorar.

Cuando una familia abandona Tierra del Fuego no desaparece únicamente un consumidor de la economía local. También pueden perderse alumnos en las escuelas, contribuyentes, trabajadores capacitados y vecinos que sostienen la actividad social y comercial.

El éxodo puede alimentar, además, un círculo vicioso difícil de revertir: menos población significa menos demanda, menos actividad económica y nuevas dificultades para generar empleo.

La dimensión geopolítica que no puede olvidarse

La Ley 19.640, sancionada en 1972, no fue concebida simplemente como un mecanismo para favorecer empresas mediante exenciones fiscales.

El régimen especial respondió a las desventajas del aislamiento geográfico y a la necesidad de promover el desarrollo económico de un territorio cuya integración y poblamiento revestían una importancia estratégica para la Argentina.

La actividad económica y la posterior expansión industrial contribuyeron a objetivos que excedían largamente la producción de bienes: arraigar población, consolidar comunidades y fortalecer la presencia nacional en el extremo austral.

Rodríguez, que integró la Policía provincial y posteriormente desempeñó funciones en la Dirección Nacional de Migraciones, tiene una trayectoria vinculada con instituciones del Estado en este territorio. Esa experiencia vuelve especialmente pertinente preguntarle qué lugar ocupa el objetivo histórico del poblamiento en su proyecto de desarrollo.

Porque Tierra del Fuego no es solamente una jurisdicción donde se discuten costos de producción. Es una provincia insular, con una posición estratégica en el Atlántico Sur y en el reclamo por Malvinas, y una vinculación fundamental con la proyección argentina hacia la Antártida.

Debilitar las condiciones que permiten el arraigo de su población plantea, por lo tanto, un problema que trasciende la economía y alcanza también a los intereses nacionales.

¿Para quién será la Tierra del Fuego del futuro?

Sería ingenuo negar las deficiencias del régimen industrial o atribuir todos sus problemas al actual Gobierno. También sería equivocado enfrentar la promoción industrial con la diversificación productiva, como si fueran alternativas necesariamente excluyentes.

Pero resulta igualmente difícil aceptar que la transformación económica pueda desentenderse de su costo humano y territorial.

Las fábricas pueden reconvertirse, las inversiones pueden cambiar de destino y las actividades económicas pueden evolucionar. Lo que no resulta tan sencillo es reconstruir una comunidad después de que sus familias hayan debido marcharse.

La experiencia histórica demuestra cuánto esfuerzo demandó atraer población a Tierra del Fuego. Perderla puede resultar mucho más rápido que recuperarla.

Rodríguez plantea una provincia con nuevas actividades y menor dependencia de las decisiones nacionales. ¿Olvida que la crisis de la industria en la Isla es consecuencia directa de una decisión estratégica del gobierno central?.

La pregunta que queda abierta es cómo preservar, mientras tanto, las condiciones necesarias para que sus habitantes puedan seguir viviendo aquí.

Porque si la motosierra termina cortando también las raíces que durante décadas se procuró echar en esta tierra, el resultado no será solamente una transformación del modelo económico.

Podría ser, además, el debilitamiento de uno de los objetivos estratégicos que justificaron la promoción fueguina desde sus orígenes.

Y entonces habrá que preguntarse de qué servirá construir una economía para el futuro si, cuando ese futuro llegue, buena parte de las familias que debían protagonizarlo ya se han ido.

(Redacción radiofueguina.com)

Related