‘‘Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa’’

Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. En la primera audiencia realizada en Hamburgo, la delegación argentina sostuvo que la explotación unilateral de hidrocarburos viola la Convención del Derecho del Mar. El Reino Unido rechazó la jurisdicción del tribunal y defendió el derecho de los habitantes de las islas a explotar los recursos naturales.

La delegación de Argentina durante la sesión en el Tribunal Internacional del Mar. De izquierda a derecha: María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia; Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM; y Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) inició este martes en Hamburgo las audiencias por la solicitud argentina de medidas provisionales para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la plataforma continental de las Islas Malvinas. Durante la primera jornada, ambos países expusieron posiciones contrapuestas sobre la explotación de recursos naturales en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

El embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente de la República Argentina ante el tribunal, encabezó la presentación nacional. Ante los 21 integrantes del organismo, aclaró que el país no solicita que el TIDM resuelva la cuestión de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), mientras se tramita la controversia de fondo mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de ese instrumento.

La argumentación argentina se apoyó en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países, mientras que la segunda instó a evitar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúe abierta la controversia.

‘‘Cincuenta años después, aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse’’, sostuvo Oyarzábal.

La presentación argentina, realizada el 13 de octubre por instrucción del presidente Javier Milei, contempla cuatro medidas: impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera a través de Sea Lion, evitar el otorgamiento de nuevos permisos en el área, preservar la información obtenida durante las tareas de exploración y proteger el medio marino.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al argumento británico de la autodeterminación de los habitantes de las islas. Oyarzábal sostuvo que el reconocimiento de sus intereses y derechos humanos no implica que puedan decidir sobre la soberanía del territorio.

‘‘Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa’’, afirmó. También señaló que la determinación de la soberanía debe resolverse entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.

El representante argentino incorporó además advertencias sobre los riesgos ambientales. Recordó que en abril de 2015 se registró una falla en un preventor de reventones de un pozo exploratorio ubicado a unos 30 kilómetros al sur del yacimiento. Según expuso, el plan de contingencia de una de las empresas licenciatarias estimaba en un 30% la probabilidad de que un derrame proveniente de Sea Lion alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa dentro de los 30 días.

También cuestionó la relación entre los ingresos de la explotación petrolera y los gastos de defensa británicos en el archipiélago. Para ello citó antecedentes de 1991 y declaraciones posteriores de las autoridades de las islas sobre la intención de destinar parte de esos recursos a compensar los costos de defensa.

EL REINO UNIDO RECHAZÓ LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La fiscal general británica, Ellie Reeves, encabezó la respuesta de Londres y cuestionó la jurisdicción del TIDM para intervenir en el caso. Sostuvo que las medidas solicitadas por Argentina ‘‘tendrían consecuencias devastadoras’’ y afectarían la posibilidad de que los habitantes de las islas exploten sus recursos naturales.

Reeves argumentó que una suspensión pondría en riesgo miles de millones de libras en ingresos considerados esenciales para el desarrollo económico del archipiélago. También rechazó el planteo argentino sobre la soberanía y cuestionó la posición de Buenos Aires respecto de la actividad hidrocarburífera.

La funcionaria mencionó que Argentina autorizó y realizó más de 400 perforaciones en el mar bajo su jurisdicción y sostuvo que el país podría haber participado en las consultas sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto, realizadas en 2024.

Por otra parte, recordó el referéndum celebrado en 2013 en las islas, en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus británico, con una participación del 92%.

La delegación británica en el Tribunal del Mar

LOS PLAZOS DEL PROYECTO Y LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Otro punto central de la audiencia fue la urgencia del pedido argentino. Oyarzábal sostuvo que la extracción de hidrocarburos constituye un hecho irreversible, debido a que se trata de recursos no renovables y a que la información obtenida durante la exploración tampoco puede recuperarse.

El inicio de las perforaciones estaba previsto inicialmente para enero de 2027, con la plataforma semisumergible Noble Endeavour contratada para las operaciones. Sin embargo, el representante británico Sir Michael Wood afirmó que las tareas no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción de petróleo no se iniciaría antes de marzo de 2028.

El Reino Unido consideró que esos plazos permitirían la constitución del tribunal arbitral antes de que comenzara la explotación. También cuestionó que Argentina planteara ahora la urgencia de la situación, al señalar que existen antecedentes de perforaciones en el área desde 1998.

En respuesta, Oyarzábal sostuvo que el proyecto atravesó demoras prolongadas entre 2016 y 2022 y que podría soportar una suspensión temporal. Además, mencionó que el informe anual 2025 de Navitas Petroleum consignó la existencia de una cobertura de seguro contra riesgo político por 1.000 millones de libras a favor de los prestamistas.

La controversia de fondo deberá tramitarse mediante un arbitraje del Anexo VII de la Convemar, debido a que Argentina eligió al TIDM como mecanismo de resolución de controversias y el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia. Ante la falta de coincidencia entre ambas elecciones, el organismo de Hamburgo tiene competencia para intervenir en las medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral.

La delegación argentina estuvo integrada por funcionarios de Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, además del especialista Marcelo Kohen, quien representó al país en el litigio por la fragata ARA Libertad ante el mismo tribunal en 2012.

La resolución sobre las medidas provisionales se espera para el viernes 13 de noviembre, aunque el tribunal podría postergar el pronunciamiento hasta la semana siguiente.