El Gobierno nacional estableció un régimen extraordinario de seguridad aeroespacial que autoriza, bajo estrictas condiciones, el derribo de aeronaves consideradas hostiles durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 1334/2026 y tendrá vigencia exclusivamente durante esos cuatro días, en sectores restringidos del espacio aéreo de Buenos Aires y Córdoba.
La disposición amplía temporalmente las Reglas de Protección Aeroespacial vigentes desde 2016 y contempla el empleo de armamento militar como último recurso frente a amenazas concretas contra personas u objetivos estratégicos.
La decisión introduce una cuestión particularmente delicada: ¿en qué circunstancias puede el Estado ordenar la destrucción de una aeronave, quién tiene autoridad para hacerlo y cuáles son los límites legales de semejante intervención?
Una autorización excepcional y bajo condiciones estrictasEl decreto establece que, antes de recurrir al uso de la fuerza, deberán agotarse los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje.
También exige que el comandante conjunto aeroespacial confirme la existencia de un acto hostil y que el ministro de Defensa, Carlos Presti, apruebe expresamente la intervención. Esta última atribución es indelegable.
La normativa distingue, además, entre aeronaves de origen externo e interno, y contempla condiciones especialmente restrictivas para los vuelos civiles. En esos casos, la fuerza letal solamente podrá emplearse frente a un ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida humana que no pueda neutralizarse por otros medios.
Por lo tanto, el simple incumplimiento de una instrucción de las autoridades aeronáuticas no habilita automáticamente el derribo.
La explicación de un especialistaPara conocer el significado y los alcances de esta decisión presidencial, Radio Fueguina consultó al doctor Daniel Cesari Hernández, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.
El profesional aporta su mirada especializada sobre una disposición que involucra cuestiones de defensa nacional, seguridad aérea, atribuciones del Poder Ejecutivo y los límites jurídicos del empleo de la fuerza militar.
Su intervención permite profundizar en los interrogantes que plantea la medida: qué significa declarar hostil a una aeronave, cuáles son los procedimientos previstos antes de adoptar una decisión extrema, qué responsabilidades corresponden a las autoridades y cómo se encuadra esta autorización excepcional dentro de la legislación argentina.
Se trata de cuestiones que adquieren especial relevancia cuando una decisión de seguridad puede comprometer la vida de personas que se encuentran tanto a bordo de una aeronave como en tierra.
En el siguiente audio, el doctor Daniel Cesari Hernández desarrolla para Radio Fueguina su explicación sobre el significado, los alcances y las implicancias jurídicas del decreto presidencial.
(escuchar audio)
Dr. Daniel Cesari Hernandez: Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales; especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial. Representante de Iberoamércia, en tres ocasiones, ante la Organización de Aviación Civuil Internacional (OACI)
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