Lapadula reclama una respuesta legislativa por la deuda

El atraso en las transferencias por coparticipación a Río Grande y la necesidad de una respuesta institucional desde la Legislatura fueron los ejes del análisis del legislador Matías Lapadula, quien advirtió sobre el agravamiento de la situación y reclamó que el Gobierno provincial cumpla con sus obligaciones legales.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el representante de Provincia Grande consideró “preocupante” el atraso, y puso el foco en las diferencias entre los recursos que reciben Río Grande y Ushuaia. Al respecto, señaló que “mientras en el municipio de Ushuaia se viene cumpliendo con lo acordado, que es ir reduciendo de a poco ese atraso que tenían, en Río Grande todo lo contrario”.

Para Lapadula, esta situación plantea interrogantes sobre los criterios que aplica la administración provincial. “Cuando hay esta discrecionalidad que tiene que ver con cumplir con una de las ciudades y no con otras, uno empieza a preocuparse aún más y ver que hay alguna intencionalidad política detrás, porque si no es incomprensible”, manifestó.

El legislador también remarcó que el impacto de las demoras excede las diferencias entre las administraciones municipales y alcanza directamente a la población. Explicó que Río Grande sostiene servicios que en Ushuaia dependen del Gobierno provincial, entre ellos los vinculados con la obra sanitaria, por lo que necesita contar con los recursos correspondientes. “No es castigar a un intendente, a una gestión, es castigar a los vecinos y vecinas que necesitan de un municipio con los recursos para hacer frente a cada uno de estos servicios”, advirtió.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la postura de funcionarios y referentes oficialistas frente al atraso. Lapadula señaló que “desde el gobierno, desde sus funcionarios, desde el partido Forja y sus redes y muchísimos legisladores, niegan el problema, niegan que existe un retraso”, pese a que, según recordó, el Tribunal de Cuentas provincial certificó una deuda de aproximadamente $12.000 millones al 31 de diciembre. “Ahora estamos en casi $18.000 millones, es una fortuna para un municipio, entonces hay que resolverlo”, agregó.

Frente a este escenario, planteó que la principal alternativa institucional consiste en recuperar los consensos necesarios para insistir con la ley de goteo diario, que había sido aprobada por la Legislatura y posteriormente vetada. “Seguir trabajando y conseguir los consensos que no tuvimos oportunamente para insistir en esta norma” es, según expresó, el camino para garantizar las transferencias.

En esa línea, sostuvo que el veto deja en evidencia la falta de voluntad para resolver la situación y reclamó “cumplir con la Constitución y la ley que es transferir los fondos que por ley, por Constitució,n le pertenecen a cada uno de los municipios”.

Por último, Matías Lapadula vinculó el debate sobre la coparticipación con la discusión del presupuesto provincial 2027, cuyo cronograma legislativo prevé comenzar el miércoles 4 de noviembre con la presentación de funcionarios del Ejecutivo. Consideró necesario avanzar hacia un presupuesto aprobado por la Legislatura y cuestionó la gestión provincial por funcionar con presupuestos reconducidos y leyes de emergencia, en un contexto que, afirmó, presenta dificultades en salud, educación y la caja policial.