Araujo destacó fortalecimiento de derechos y garantías para beneficiarios

22/10 2026

El diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge “Koky” Araujo, destacó los avances incorporados al dictamen final del proyecto de Emergencia en Discapacidad, al considerar que las modificaciones representan un paso fundamental para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, brindar mayor seguridad a sus familias y dar previsibilidad a los prestadores que sostienen la atención y el acompañamiento cotidiano.

“Detrás de cada pensión, de cada tratamiento y de cada prestación hay una persona, una familia y una realidad que el Estado tiene la obligación de proteger. No estamos discutiendo solamente partidas presupuestarias: estamos hablando de derechos, de dignidad y de igualdad de oportunidades”, sostuvo Araujo.

Entre los cambios más relevantes, el legislador puso de relieve que los requisitos para acceder a las pensiones quedan establecidos por ley, con el Certificado Único de Discapacidad como requisito legal, limitando la posibilidad de que nuevas exigencias reglamentarias restrinjan arbitrariamente el acceso a este derecho. Asimismo, destacó la compatibilidad entre la pensión y el trabajo formal o el monotributo, dentro de los límites establecidos en el texto. La modificación constituye una señal concreta en favor de la inclusión laboral: “trabajar no debe convertirse en una condena a perder definitivamente una prestación esencial para la autonomía personal”.

Otro avance sustantivo es la garantía de cobertura de las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901 tanto para quienes perciben pensiones por discapacidad como para los titulares de pensiones por invalidez laboral. Se trata de una protección fundamental para evitar que la situación administrativa de una persona se traduzca en una barrera para acceder a la atención que necesita.

El dictamen también fortalece las garantías frente a las auditorías, al establecer que no podrá disponerse una suspensión preventiva de la pensión antes de que venza el plazo para presentar el descargo correspondiente. De esta manera, se refuerza el derecho de defensa y se evita que una decisión administrativa prive anticipadamente a una persona de un ingreso indispensable.

En materia de financiamiento, Araujo valoró la identificación de partidas presupuestarias concretas, la responsabilidad del Tesoro nacional de cubrir los recursos adicionales necesarios y la obligación de preservar el ingreso por beneficiario en términos reales. A ello se suma la ratificación de la actualización automática de los aranceles y el establecimiento de plazos para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores.

“Una política de discapacidad no puede sostenerse con anuncios, promesas ni respuestas discrecionales. Necesitamos derechos reconocidos, recursos suficientes y obligaciones que el Estado deba cumplir. También necesitamos prestadores que puedan trabajar con previsibilidad, porque cuando el sistema se desfinancia, quienes terminan pagando las consecuencias son las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó el diputado.

Derechos que no pueden quedar a merced de un decreto

Araujo advirtió, además, sobre la importancia de preservar el marco legal específico de la emergencia en discapacidad frente a las disposiciones que el Poder Ejecutivo había propuesto incorporar al Capítulo VI del Presupuesto 2027, orientadas a derogar la Ley 27.793 y modificar aspectos centrales del sistema de pensiones, la cobertura de salud, la compatibilidad laboral y la actualización de aranceles. El texto final del dictamen adopta una orientación diferente en esos puntos: preserva la continuidad de la ley, mantiene la conversión de oficio de las pensiones, consolida garantías de acceso y establece mayores resguardos para los beneficiarios.

“Consideramos que el Estado no puede retroceder en derechos que protegen a los sectores que más acompañamiento necesitan. La discapacidad no puede ser tratada como una variable de ajuste ni sus políticas quedar sujetas a decisiones cambiantes. La responsabilidad pública exige continuidad, financiamiento y respeto por la dignidad humana”, expresó.

Finalmente, el diputado destacó que las modificaciones recogen reclamos sostenidos por organizaciones representativas del colectivo de la discapacidad, prestadores y espacios institucionales, demostrando la importancia de escuchar a quienes conocen de primera mano las dificultades del sistema.

“Defender a las personas con discapacidad es defender su derecho a vivir con dignidad, recibir atención, acceder al trabajo y desarrollar un proyecto de vida con autonomía. Nuestra responsabilidad es construir un Estado presente, que acompañe, garantice derechos y no abandone a nadie. Ese es el compromiso que debemos sostener. Esperamos que el Gobierno cumpla con la ley y respete los derechos que esta consagra, en lugar de repetir lo que está haciendo con la Ley de Financiamiento Universitario. Porque un Gobierno que incumple las leyes no solo vulnera derechos, sino que también da un pésimo ejemplo a la sociedad, a la que le exige cumplir con sus obligaciones. La ley debe ser igual para todos, empezando por quienes tienen la responsabilidad de gobernar”, concluyó Araujo.

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