El bombardeo contra mineros sudaneses desata indignación por el silencio de Al Burhan

10/10 2026

El general Abdel Fattah al Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas sudanesas, ha sido objeto de duras críticas por su reacción ante un ataque aéreo que causó la muerte de decenas de mineros artesanales de oro cerca de la frontera con Egipto, en Jabal al Uqaydat, el sábado 10 de octubre de 2026.

Mineros y activistas identificaron las aeronaves como aviones de la Fuerza Aérea egipcia, mientras los vídeos de los fallecidos se difundían por las redes sociales sudanesas. Entretanto, el Consejo Soberano de Sudán y las autoridades de Puerto Sudán guardaron silencio durante dos días. El medio Sudan Tribune situó el lugar del ataque en el extremo norte del estado del Mar Rojo. Por su parte, The New York Times informó de que se encontraba en una zona bajo control del Ejército, prácticamente ajena a los combates, según el resumen publicado por el Centro de Estudios Estratégicos de África sobre la información del diario estadounidense.

El balance de víctimas y los desplazamientos

El número de víctimas sigue siendo objeto de controversia, con cifras publicadas que oscilan entre 13 y más de 200 muertos. Dos supervivientes declararon a la agencia AFP que un avión atacó el lugar hacia las ocho de la mañana, cuando miles de personas trabajaban en la zona.

Emergency Lawyers, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Jartum, elevó al día siguiente el balance a 72 fallecidos, basándose en información preliminar, según informó Al Jazeera. Ese mismo día, la Red de Médicos de Sudán contabilizó 13 muertos y 28 heridos, y advirtió de que la cifra aumentaría, según informó Associated Press.

Los balances posteriores fueron más elevados. Dos testigos presenciales dijeron a The New York Times que al menos 65 personas habían muerto y 120 o más habían resultado heridas. Por su parte, tres supervivientes declararon a Sudan Tribune que habían fallecido al menos 200 personas y que más de 15.000 trabajadores habían huido hacia cuevas y zonas montañosas. Un responsable sanitario que atendía a los heridos dijo al medio sudanés Ayin que el balance probablemente se situaba entre 150 y 250 muertos.

El Cairo justifica la operación mientras Al Burhan evita la confrontación

Egipto no ha reconocido haber llevado a cabo el ataque, aunque sus responsables han defendido el objetivo de la operación. Dos funcionarios egipcios de seguridad dijeron a Reuters que la intervención pretendía poner fin al «caos» en la frontera e impedir que grupos egipcios y sudaneses se hicieran con el control de las zonas mineras, según una información de Reuters reproducida por SABC.

El 12 de octubre, el portavoz militar, el coronel Ahmed Atman, afirmó que el Ejército y la Policía seguían adelante con la tercera fase de una campaña contra la minería ilegal de oro en el desierto oriental. Según informó Asharq Al-Awsat, la operación se había iniciado tras el lanzamiento de octavillas de advertencia dirigidas a elementos criminales y tenía como objetivo garantizar la plena soberanía dentro de las fronteras egipcias. Su declaración situó la operación en territorio egipcio y no mencionó ningún ataque aéreo en Sudán. En un comunicado independiente, el Ejército instó a la población de ambos países a remitirse a las fuentes oficiales y rechazó lo que calificó de rumores y agendas extranjeras.

Emergency Lawyers rechazó la versión de El Cairo y acusó a aviones egipcios de atacar a mineros civiles. La organización afirmó que los ataques reiterados evidenciaban la intención de Egipto de hacerse con el control de los recursos naturales de Sudán, según informó AFP.

La primera reacción de Jartum llegó el 12 de octubre, cuando el Consejo Soberano expresó sus condolencias por la muerte de ciudadanos sudaneses en la zona fronteriza y anunció la creación de una comisión de investigación integrada por fiscales, representantes del poder judicial y responsables de seguridad, según informó Sudan Tribune. El Consejo señaló que los dirigentes sudaneses y egipcios habían mantenido contactos desde el incidente, pero evitó responsabilizar directamente a Egipto, según informó Reuters.

No es la primera vez

El silencio de Al Burhan ante el último ataque aéreo en Shamal al Wadi no resultó tanto sorprendente como motivo de numerosas preguntas sobre el concepto de soberanía, cuya defensa el general reivindica reiteradamente en Sudán.

La declaración del Consejo siguió la misma pauta que Al Burhan había establecido tras un ataque anterior contra la misma mina. El 16 de junio, dos bombardeos alcanzaron Jabal al Uqaydat a las seis de la mañana, mientras un tercero impactó en una zona cercana, según relataron testigos presenciales a la plataforma sudanesa Sahih Sudan, de acuerdo con informó The Standard. Posteriormente, una fuente médica sudanesa cifró en 23 los muertos en los ataques de junio, según informó Mada Masr.

Las operaciones terrestres continuaron el 21 de junio, cuando una fuerza de unos 60 vehículos militares rodeó varios enclaves mineros en la zona de Wadi El Atri, abrió fuego y detuvo a 67 mineros sudaneses. El grupo de defensa de los derechos humanos Darfur Victims Advocacy denunció estos hechos citando testimonios de testigos, según informó Radio Dabanga.

El Ejército egipcio afirmó haber detenido a 223 personas, entre ellas 136 extranjeros. Asimismo, funcionarios del paso fronterizo de Argeen señalaron que más de 3.000 mineros sudaneses deportados habían pasado por el puesto de camino a Dongola, según la misma información.

Dos ataques aéreos mortíferos y una postura invariable de Al Burhan

Al Burhan se refirió por primera vez al ataque de junio durante un discurso ante los habitantes de Al Ritaj, en el estado del Mar Rojo, en el que afirmó que Sudán respetaba a sus vecinos del norte y del este. «Nuestro vecino del norte debe ser respetado y no se deben cruzar sus fronteras, para evitar que la gente se busque problemas a sí misma y al Estado», declaró, según el medio Al-Araby Al-Jadeed, que publicó sus declaraciones en árabe.

En octubre, Al Burhan volvió a ordenar una investigación sin identificar a la parte responsable del ataque. Mientras tanto, su asesor de Relaciones Exteriores, Amjad Farid, calificó el bombardeo de «crimen injustificado e inaceptable». Ni esta declaración ni el llamamiento que Al Burhan había formulado en junio a favor de una respuesta basada en la lógica del Estado, recogido por The Standard, dieron lugar a una protesta diplomática formal y pública ante Egipto.

El oro de Sudán: una riqueza protegida por la fuerza

Jabal al Uqaydat se encuentra en el cinturón geológico del Escudo Nubio, una zona rica en oro. Gran parte del oro extraído a lo largo de esta frontera termina en Egipto. Un informe publicado en marzo de 2025 por Chatham House, elaborado por Ahmed Soliman y Suliman Baldo, estimó que las exportaciones no oficiales y el contrabando hacia Egipto representan alrededor del 60 % del oro producido en los estados del Norte, Nilo y Mar Rojo. El volumen supera los 100 kilogramos diarios y ascendió a más de 60 toneladas en el conjunto de 2023 y 2024.

Según los datos del Banco Central de Sudán citados en el informe, las exportaciones oficiales de oro a Egipto en 2024 tuvieron un valor aproximado de 16 millones de dólares, equivalentes a cerca del 1 % del total de las exportaciones sudanesas de este metal.

Sobre el terreno, el control de la propia mina también ha sido objeto de disputa. Supervivientes dijeron a Sudan Tribune que guardias fronterizos egipcios se habían apoderado anteriormente de la explotación y habían instalado allí un campamento, que posteriormente desmontaron. También afirmaron que una patrulla egipcia les había advertido de que la zona se encontraba dentro del territorio de Egipto y que veían habitualmente maquinaria pesada y camiones que transportaban roca a través de la frontera, según informó el periódico.

En marzo, mineros sudaneses expulsaron a una empresa minera egipcia de una zona fronteriza en disputa e incendiaron parte de su maquinaria. Los enfrentamientos posteriores con guardias fronterizos egipcios causaron la muerte de al menos nueve mineros, según relataron funcionarios locales a Darfur24, que publicó esta información en junio.

Controversia por una presunta coordinación

Los mineros también han cuestionado la actuación de las propias fuerzas sudanesas. Un trabajador declaró a Alhurra que la unidad de las Fuerzas Conjuntas encargada de proteger la montaña, integrada por movimientos armados de Darfur favorables al Gobierno, se retiró un día antes del ataque de junio, después de que los trabajadores mantuvieran un enfrentamiento con empleados de una empresa minera egipcia cercana.

Mineros citados por Sahih Sudan afirmaron que la unidad se marchó cuatro horas antes del bombardeo, según The Standard. Los trabajadores dijeron a Alhurra que la retirada de las fuerzas y la tibia reacción del Gobierno les llevaron a sospechar que ambos gobiernos habían coordinado sus actuaciones para despejar la zona de mineros en beneficio de la empresa egipcia. Sin embargo, no se han presentado pruebas que demuestren la existencia de tal coordinación.

Estas sospechas se apoyan en la estrecha relación entre El Cairo y el Ejército de Al Burhan. Egipto es uno de los aliados regionales más cercanos del general, aunque considera que la guerra a lo largo de los 1.200 kilómetros de frontera con Sudán constituye una amenaza para su propia seguridad, según informó AFP.

Las imágenes satelitales examinadas por Reuters mostraron un dron Bayraktar Akinci, de fabricación turca, en la pista aérea de East Oweinat, en Egipto, a unos 60 kilómetros de la frontera sudanesa. El medio The New Arab informó de este despliegue en febrero. The New York Times señaló que los drones que operaban desde esa base estaban llevando a cabo ataques en territorio sudanés.

En un análisis publicado en junio, The Horn Review sostuvo que el Ejército sudanés había guardado silencio ante los bombardeos debido a su dependencia de la alianza con Egipto para combatir a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Reivindicaciones y preguntas que siguen sin respuesta

Partidos políticos, movimientos armados y organizaciones de derechos humanos han reclamado una investigación internacional, según informó Sudan Tribune. La alianza civil Somoud, encabezada por el ex primer ministro Abdalla Hamdok, afirmó que los ataques contra civiles no podían justificarse por motivos de seguridad y responsabilizó a las autoridades designadas por las Fuerzas Armadas de lo ocurrido en los territorios bajo su control, según informó The National.

La cuestión de la ubicación exacta de los bombardeos sigue sin resolverse. Egipto afirmó que su operación de junio tuvo lugar en territorio egipcio, mientras que la Red de Médicos de Sudán señaló que, según la información disponible, el lugar del ataque de octubre podría formar parte de Egipto. Sin embargo, organizaciones sudanesas sostienen que los bombardeos se produjeron en territorio de Sudán, según informó Egypt Independent.

La zona se encuentra cerca de Hala’ib y Shalateen, el triángulo territorial reclamado por Sudán y administrado por Egipto. Mada Masr situó Shamal al Wadi al norte de dicho territorio, mientras que AFP informó de que el mercado de oro de Al Ansari, al que huyeron los supervivientes, se encuentra justo al sur del triángulo.

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