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11/10 2026

El Banco Central tenía una explicación bastante sencilla para los US$ 1.023 millones que perdió durante 2025 en operaciones financieras vinculadas con el oro. Había contratado una cobertura para proteger sus reservas ante una eventual caída del precio del metal. El oro finalmente subió y esa protección tuvo un costo. Como cualquier seguro, podía resultar útil si ocurría aquello que se buscaba evitar.

La explicación no implica que la operación haya sido la más conveniente, pero tampoco hay elementos suficientes para considerarla irregular. El propio Banco Central informó que, aun descontando el resultado negativo de las coberturas, sus tenencias de oro se valorizaron durante el año.

Hasta ahí, una discusión financiera que podía resolverse con información y argumentos técnicos.

De la explicación financiera a las acusaciones políticas

Sin embargo, cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) difundió el resultado negativo de esas operaciones, el Banco Central decidió ir más allá de la explicación económica.

En su comunicado del 8 de octubre, acusó a la conducción de la AGN de intentar desprestigiar a sus autoridades con fines políticos y sostuvo que ese comportamiento perjudicaba la institucionalidad del organismo.

El Banco Central tenía motivos para cuestionar la forma en que se presentó públicamente la información. Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN, había caracterizado como especulativas unas operaciones que el informe técnico identificaba como coberturas. Pero esa discrepancia no demuestra que el organismo de control actuara con las motivaciones políticas que le atribuyó el BCRA.

Cuando Milei exigía auditar a las universidades

En octubre de 2024, durante el conflicto por el financiamiento universitario, Javier Milei defendió las auditorías sobre las universidades nacionales con una frase contundente: «Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios».

Declaraciones de Javier Milei sobre las auditorías universitarias durante el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas en octubre de 2024. Fuente: argentina.gob.ar.

La Universidad de Buenos Aires, sin embargo, no rechazaba el control de sus cuentas. Cuestionaba la competencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del Poder Ejecutivo, para auditarla, y reclamaba que se respetaran los mecanismos previstos para instituciones autónomas.

Los conflictos no son idénticos. El Banco Central no se negó a ser auditado y la AGN emitió una opinión favorable sobre sus estados contables de 2025. Lo que aparece es una diferencia en el discurso: cuando el Gobierno exigía controles a las universidades, cuestionarlos era presentado como señal de intereses ocultos. Cuando la AGN informó sobre las pérdidas de las operaciones del BCRA, la respuesta oficial también puso bajo sospecha las motivaciones de quienes ejercían el control.

Una institución pública tiene derecho a defender sus decisiones y discutir las interpretaciones de un auditor. Pero debería poder hacerlo sin convertir cada desacuerdo en una confrontación política.

En definitiva, la discusión por el oro no solo plantea preguntas sobre cómo se administran las reservas, sino también sobre cómo se entiende la rendición de cuentas cuando el control alcanza a instituciones del propio Gobierno.

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