Un diputado podría insultar a otro durante una sesión, quedar registrado en video y seguir cobrando su sueldo. Según el proyecto presentado por Mercedes Llano, bastarían 86 votos en contra para bloquear una sanción económica, incluso si los 257 diputados participaran de la votación.
La cifra cobra especial importancia al observar cómo está conformada la Cámara. La Libertad Avanza tiene 95 diputados y Unión por la Patria cuenta con 92. Ambos bloques disponen, por sí solos, de suficientes votos para impedir que se sancione a uno de sus integrantes, siempre que al menos 86 de ellos voten en contra.
La propuesta de Llano, integrante del oficialismo, busca suspender el pago de las dietas parlamentarias durante uno o dos meses por insultos y agravios personales. Sin embargo, su aplicación dependería de una votación que permitiría a los principales espacios políticos bloquear los castigos.
Con 86 votos alcanza para impedir una sanciónLa Cámara de Diputados tiene 257 integrantes. Si todos participaran de una votación, serían necesarios 172 votos afirmativos para aplicar la sanción económica.
Pero el dato puede plantearse al revés: con apenas 86 votos negativos, los otros 171 diputados no conseguirían aprobar el descuento salarial, aunque todos estuvieran de acuerdo en sancionar al responsable.
La Libertad Avanza, con sus 95 bancas, podría bloquear por sí sola una sanción contra un integrante de su bloque. Ni siquiera necesitaría el acompañamiento de otros partidos.
Lo mismo ocurriría con Unión por la Patria. Sus 92 diputados también serían suficientes para impedir el castigo contra uno de sus representantes.
Otros espacios políticos también podrían reunir los votos necesarios mediante alianzas parlamentarias. Así, el respaldo político del legislador acusado podría resultar más determinante que el apoyo mayoritario a la sanción.
La consecuencia es especialmente importante para los representantes de bloques minoritarios. Un diputado podría recibir un insulto, contar con el respaldo de la mayoría de sus colegas para sancionar al agresor y, aun así, no conseguir que se le descuente un solo peso.
La contradicción del proyecto de Mercedes LlanoEl proyecto 5264-D-2026, presentado el 5 de octubre, propone incorporar dos artículos al Reglamento de la Cámara de Diputados.
El primero establece la suspensión de la dieta durante un mes para los legisladores que profieran insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes. El castigo se extendería a dos meses cuando el insulto esté acompañado de amenazas, intimidación o agresión física, o cuando el diputado ya hubiera sido sancionado por esa disposición durante el mismo mandato.
El segundo determina cómo se aplicarían las sanciones. Se incorporarían los registros audiovisuales y taquigráficos y la Cámara votaría si el hecho ocurrió y si corresponde considerarlo una falta.
Allí aparece la contradicción principal: aunque una grabación permita comprobar las palabras utilizadas, la sanción económica seguiría dependiendo de los votos de los propios legisladores.
Llano pretende establecer consecuencias concretas y acelerar el procedimiento disciplinario. Sin embargo, mantiene la exigencia de los dos tercios, establecida por el artículo 66 de la Constitución Nacional.
La propuesta no autoriza formalmente a ningún diputado a insultar ni elimina las otras medidas disciplinarias existentes. Sin embargo, permitiría que un legislador evite perder su dieta con el respaldo de apenas 86 votos negativos, mientras que otro, aun después de haber sido agraviado y contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara, podría quedarse sin una sanción económica para el responsable.
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