Cristófano cuestionó el bloqueo de inspecciones ambientales al puerto

La secretaria legal de la cartera de Producción y Ambiente sostuvo que la intervención nacional del puerto de Ushuaia dificulta controles habituales sobre infraestructura, residuos peligrosos y recursos hídricos. Cuestionó argumentos y formas de respuesta de ANPyN.

La intervención nacional del puerto de Ushuaia abrió una disputa con el Gobierno provincial por el alcance de los controles ambientales. Para Lisi Cristófano, secretaria legal del Ministerio de Producción y Ambiente, el problema excede una visita denegada: impide verificar en el lugar cómo se gestionan los residuos y otros aspectos de la actividad portuaria.

En declaraciones a FM Centro, explicó que Ambiente solicitó ingresar para continuar el seguimiento del certificado ambiental de la infraestructura, controlar los residuos peligrosos y atender cuestiones vinculadas con los recursos hídricos. Sobre el primer punto, precisó: “Es un acompañamiento para ver el estado ambiental de la infraestructura, de la actividad portuaria”, y señaló que las inspecciones forman parte de un proceso continuo de observaciones y verificaciones.

La funcionaria ubicó el foco más urgente en el recorrido de los residuos desde su descarga hasta el tratamiento. “Ese es el eje del problema al día de hoy, la trazabilidad de los residuos peligrosos”, afirmó. La categoría, aclaró, no implica por sí misma que sean tóxicos, pero exige controles específicos que no pueden limitarse a la etapa en manos de las empresas operadoras.

Cristófano reconoció que la Provincia fiscaliza a esas empresas y que cuentan con las certificaciones correspondientes. Aun así, advirtió: “No es una responsabilidad solamente del privado”. En una provincia insular, añadió, resulta necesario conocer “qué tipo de residuos se ingresan, cuáles se tratan, cómo se tratan”.

Según relató, las autoridades portuarias provinciales habían autorizado el ingreso, pero las nacionales lo impidieron. La discusión posterior con ANPyN se concentró en una norma que, de acuerdo con su interpretación, reconoce a la agencia responsabilidad primaria sobre la infraestructura sin excluir las facultades locales. Cristófano objetó que la respuesta nacional omita esa última parte del artículo y remarcó: “Como funcionarios públicos estamos obligados a cumplir las leyes, especialmente en materia ambiental”.

La secretaria también cuestionó el modo en que se formalizaron las negativas. Aunque ANPyN respondió mediante notas, sostuvo que no emitió “una resolución o algo por lo cual pueda recurrirlo”. Mientras continúa el intercambio administrativo, la Provincia insiste en realizar inspecciones presenciales: “El control es in situ”, resumió.