Argentina protestó ante el Reino Unido por la extensión de licencias petroleras en Malvinas

La decisión británica fue anunciada el lunes y recibió una respuesta diplomática argentina.

Cancillería presentó una nota ante la Embajada británica y rechazó la prórroga de los permisos offshore y la autorización para que Navitas Petroleum adquiera el 65% de la licencia PL001. El Gobierno advirtió que quienes participen de esas operaciones pueden quedar alcanzados por sanciones.

El Gobierno argentino presentó este martes una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de las licencias para actividades hidrocarburíferas offshore en las Islas Malvinas y por la autorización para que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera una participación del 65% en la licencia PL001. La medida fue instruida por el canciller Pablo Quirno.

La Cancillería entregó una nota a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que expresó su “enérgico rechazo” a las decisiones anunciadas por las autoridades de las islas. El Gobierno argentino sostiene que cualquier actividad hidrocarburífera en la zona requiere autorización de las autoridades nacionales.

Según la posición oficial argentina, la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina resulta contraria al derecho internacional y vulnera los derechos soberanos del país. La Cancillería recordó además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la disputa de soberanía.

El Ejecutivo advirtió que utilizará “todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance” y señaló que quienes intervengan directa o indirectamente en esas operaciones pueden quedar expuestos a sanciones administrativas, civiles y penales.

En ese marco, el Gobierno mencionó las leyes 26.659 y 26.915 y el Decreto 868/2026, y ratificó que la Argentina no reconoce a otra autoridad para conceder permisos, participaciones o extensiones de licencias vinculadas con hidrocarburos en las áreas que considera comprendidas dentro de su jurisdicción.

Al mismo tiempo, Cancillería reiteró la disposición argentina a mantener un “diálogo constructivo y sustantivo” con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La extensión de las licencias

La protesta se produjo después de que, este lunes, las autoridades de las Islas Malvinas anunciaran la extensión por cinco años de todas las licencias offshore de hidrocarburos vigentes, con la posibilidad de sumar otros dos años si se cumplen satisfactoriamente los programas de trabajo establecidos. Las autoridades isleñas aclararon que las licencias se encuentran actualmente en etapa de exploración.

La decisión también habilitó a Navitas Petroleum Atlantic Limited a adquirir el 65% de la licencia PL001, ubicada junto al área del proyecto Sea Lion. Según el Gobierno de las islas, la operación apunta a acelerar la evaluación y el desarrollo de las perspectivas hidrocarburíferas del bloque.

La medida cuenta con el respaldo del Gobierno británico, según informó la administración de las islas. Las autoridades anunciaron además que trabajarán con las empresas para establecer nuevos programas de trabajo, que incluyen compromisos para perforar pozos adicionales de evaluación.

Las medidas adoptadas por Argentina

La protesta diplomática se suma a una serie de acciones impulsadas por el Gobierno argentino durante septiembre contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas.

El Ejecutivo inició el 4 de septiembre procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas y amplió posteriormente esa medida a otros 15 sujetos. Los procedimientos se encuadran en la Ley 26.659 y alcanzan a empresas, accionistas y prestadores de servicios vinculados con esas actividades.

El 7 de septiembre, además, Cancillería presentó una denuncia penal contra empresas del grupo Navitas Petroleum, sus socios y accionistas por presuntas infracciones a la Ley 26.659. La presentación incluyó a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

En paralelo, el 17 de septiembre, el presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa propone reemplazar el régimen vigente de la Ley 26.659 por un esquema de sanciones más severo para quienes participen en actividades hidrocarburíferas que el Gobierno argentino considere no autorizadas.

La Cancillería también reiteró que la Argentina considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización nacional en las áreas comprendidas por su reclamo de soberanía y que se reserva la posibilidad de adoptar nuevas medidas diplomáticas, administrativas y judiciales.