La resolución se dictó en una causa en la que un hombre había sido condenado a 23 años de prisión. Desde el inicio del proceso, la Defensoría Pública sostuvo que la acción penal se encontraba prescripta y mantuvo ese planteo durante las distintas instancias judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal hizo lugar a la presentación y dispuso que el Superior Tribunal de Justicia revise la sentencia conforme al precedente “Ilarraz”. A partir de ese pronunciamiento, el STJ declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento.
La Defensora Pública del Distrito Judicial Norte, Dra. Lorena Nebreda, quien tuvo a su cargo el pedido desde el inicio del proceso, destacó: “Es un planteo que se hizo desde el primer momento en que la Defensoría Pública tomó intervención en el proceso”, y señaló que la postura fue sostenida durante la instrucción, el juicio, la instancia de casación y finalmente ante la Corte Suprema.
En este sentido, explicó que la Defensa reclamó la estricta aplicación del principio de legalidad en el caso, de acuerdo a las disposiciones del Código y la legislación que consideraba aplicable al momento de los hechos.
«Fue un trabajo de muchos años, y todos los integrantes de la Defensoría que intervinimos en este proceso, insistimos y mantuvimos el reclamo hasta que logramos una decisión favorable», expresó Nebreda.
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