Río Grande contra el proyecto petrolero Sea Lion

13/09 2026

El Municipio realizó una presentación ante el Juzgado Federal.

Se trata del expediente iniciado contra Rockhopper y Navitas por la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte. El planteo combina la defensa de la soberanía con la aplicación de la legislación ambiental argentina.

El Municipio de Río Grande se presentó ante el Juzgado Federal de la ciudad en el marco de la causa iniciada contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La presentación, realizada el viernes último por la Asesoría Letrada municipal, plantea la intervención de Río Grande en un expediente que aborda tanto la cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas como los posibles impactos ambientales derivados de la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Como se recordará, la causa fue iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA), mediante una acción preventiva de daño ambiental contra las empresas vinculadas al proyecto.

Según explicó el Municipio, el expediente contempla además un pedido de medida cautelar de no innovar y el cese de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Durante una conferencia de prensa en la que se explicaron los fundamentos de la presentación, el secretario de Gobierno, abogado Gastón Díaz, vinculó la decisión con la condición de Río Grande como ciudad ribereña del Atlántico y con las atribuciones que establece la Carta Orgánica Municipal en materia ambiental.

“Esta acción tiene como base el cuidado del ambiente, pero claramente tiene que ver con la cuestión del ejercicio de la soberanía”, sostuvo Díaz.

El funcionario también destacó la decisión de la Justicia Federal de Río Grande de asumir competencia en el expediente.

“Lo que está diciendo la jueza federal es que tiene jurisdicción sobre este territorio que es argentino”, afirmó.

Por su parte, el asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei, explicó que la acción iniciada contra Rockhopper y Navitas plantea la aplicación de normas argentinas vinculadas con la protección ambiental y la gestión de residuos peligrosos.

El planteo municipal sostiene que esas normas resultarían aplicables frente a una eventual explotación de hidrocarburos en el área cuestionada y que la actividad debería ajustarse a las disposiciones ambientales vigentes en el país.

La presentación también incorpora argumentos relacionados con los eventuales efectos ambientales de la actividad hidrocarburífera.

La licenciada en Ciencias Ambientales Gabriela Lucero advirtió sobre los riesgos que podría generar una explotación de estas características para la biodiversidad marina.

“Son riesgos potencialmente muy graves, sobre todo lo que es la biodiversidad”, señaló.

La especialista explicó que el área de explotación y la costa atlántica forman parte de un sistema interrelacionado, por lo que los eventuales impactos no necesariamente quedarían circunscriptos al lugar donde se desarrolla la actividad.

En ese marco, el Municipio plantea que una eventual afectación de los ecosistemas marinos podría alcanzar también a la biodiversidad y los recursos pesqueros del Atlántico Sur.

Además de esta presentación judicial, el intendente Martín Pérez inició contactos con otros municipios de la costa atlántica para compartir información sobre la causa y evaluar posibles acompañamientos institucionales.

“Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”, concluyó Pérez, quien resumió el sentido político de la presentación con una frase: “Defender Malvinas también es actuar”.

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