Nuevo Régimen Penal Juvenil: Arenas advirtió que Tierra del Fuego no está preparada para aplicarlo

06/09 2026

La abogada Sandra Arenas habló con AIRE LIBRE FM sobre la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que desde el 5 de septiembre reduce de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. Explicó que la reforma modifica de manera profunda el tratamiento judicial de los adolescentes y prioriza medidas educativas, de supervisión y reparación por sobre el encierro. Sin embargo, advirtió que Tierra del Fuego enfrenta un problema concreto: la falta de infraestructura adecuada, personal especializado, estadísticas y recursos suficientes en áreas como salud para poder implementar plenamente el nuevo sistema.

Desde este 5 de septiembre comenzó a regir en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal para adolescentes de entre 14 y 17 años. La norma reemplaza el sistema anterior y fija un límite máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad, además de prohibir expresamente la prisión perpetua para menores de edad.

Para Sandra Arenas, no se trata simplemente de bajar la edad de imputabilidad, sino de una modificación mucho más amplia.

“Es un cambio radical, es una reforma, es un cambio de paradigma. Rige a partir del 5 de septiembre y, bueno, lo más importante de esta reforma tiene que ver con la edad, la baja de la edad de imputabilidad. Estamos hablando desde los 14 hasta cumplir la mayoría de edad, 18 años”, explicó.

Consultada sobre si alcanza a todos los delitos, respondió: “Para todos los delitos”.

La ley efectivamente establece que el régimen alcanza a adolescentes desde los 14 años cuando sean imputados por hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Arenas remarcó que el cambio también modifica la mirada jurídica sobre el adolescente. “Antes teníamos un sistema que protegía al menor bajo un patronato, entre comillas, o tutelar. Ahora tenemos un cambio de paradigma donde el niño, o sea, el adolescente, a partir de los 14 años, es un sujeto de derechos”.

Eso significa, explicó, que debe contar con las mismas garantías fundamentales que cualquier persona sometida a un proceso penal, aunque dentro de un sistema específico para jóvenes.

“No está dentro de lo que es un tutelado, sino que va a tener las mismas garantías que tiene que tener un proceso judicial comparado con un adulto”, señaló.

Sin embargo, aclaró que la reforma no implica que cada adolescente acusado de un delito vaya directamente a prisión.

“La regla no es la privación. No es que, a ver, la gente piensa esto: con la nueva ley van a venir y van a detener. No, no es así”, sostuvo.

La normativa contempla distintas respuestas antes del encierro, entre ellas supervisión, programas educativos, tratamientos, prohibiciones de concurrencia a determinados lugares, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y mecanismos como la mediación penal juvenil o la suspensión del proceso a prueba, según el tipo de delito y las circunstancias del caso. 

“Esta nueva ley lo que hace es tratar de acompañar de alguna forma al menor, con fines sociopedagógicos, con fines educativos”, explicó Arenas.

También mencionó la incorporación de figuras nuevas dentro del sistema, como el supervisor, encargado de acompañar y controlar el cumplimiento de determinadas medidas. La ley exige que estos profesionales tengan formación especializada en áreas como educación, psicología, adicciones o trabajo social.

En cuanto a las penas, la abogada remarcó uno de los límites centrales de la reforma.

“Con esta nueva ley tenemos un tope: no pueden haber condenas de más de 15 años. No existe y está prohibida la prisión perpetua para los menores”.

La propia norma establece que la privación de libertad debe cumplirse en ámbitos específicos para adolescentes y con personal capacitado, además de garantizar atención médica, psicológica, educación y formación laboral.

Es precisamente allí donde Arenas puso el foco sobre Tierra del Fuego. Según explicó, el cambio legal exige mucho más que modificar expedientes o competencias judiciales: requiere instituciones preparadas para recibir adolescentes, equipos interdisciplinarios, profesionales especializados, dispositivos de seguimiento y servicios de salud capaces de responder a situaciones complejas.

La abogada advirtió que hoy la provincia no cuenta con toda esa estructura, por lo que la entrada en vigencia plantea un desafío inmediato. La ley, además, invita expresamente a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo régimen.

 Arenas señaló también que el nuevo sistema fortalece la intervención especializada de jueces, fiscales y defensores, y contempla asistencia jurídica para las víctimas. La ley establece que los procesos deben estar a cargo de operadores capacitados específicamente en derecho penal juvenil y reconoce a las víctimas el derecho a recibir patrocinio jurídico gratuito en determinados casos.

El cambio, entonces, ya está vigente. La discusión que se abre ahora en Tierra del Fuego es otra: si la provincia cuenta efectivamente con los recursos humanos, sanitarios, judiciales y edilicios necesarios para hacer funcionar un régimen que, en los papeles, exige una atención mucho más especializada que la existente hasta ahora.

 

(EN EL AUDIO LA ENTREVISTA COMPLETA)

🎙️Aire Libre FM 96.3 Escuchá la entrevista completa:

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

Related