El Colegio Profesional de Trabajo Social de la provincia difundió un comunicado en el que expresó su posición respecto del reclamo montado en una carpa por 4 casos de familias que piden la revinculación con menores apartados ante situaciones de riesgo.
Desde la institución señalaron que quienes intervienen diariamente en situaciones de vulneración de derechos enfrentan escenarios complejos, atravesados por la pobreza, la exclusión social y diversas formas de violencia.
En ese sentido, remarcaron que las medidas de protección y los procesos de revinculación deben estar respaldados por “evaluaciones profesionales rigurosas, intervenciones interdisciplinarias, acompañamientos territoriales y, fundamentalmente, en el respeto por los tiempos, las necesidades y el interés superior de cada niñez y adolescencia”.
El comunicado advierte además que “una re vinculación no es un trámite que pueda acelerarse en función de presiones, intereses o urgencias políticas”, recordando que cuando un niño o adolescente fue separado de su ámbito familiar existieron previamente situaciones que implicaron una vulneración de derechos y requirieron la intervención del sistema de protección.
Por ello, sostuvieron que estos procesos deben desarrollarse únicamente cuando existan “condiciones adecuadas y seguras” y se hayan cumplido las pautas y objetivos establecidos por los equipos intervinientes.
Uno de los puntos más contundentes del documento apunta contra la utilización pública de estas situaciones. “Nuestras familias no necesitan un reel. Necesitan viviendas, trabajo, salarios dignos, acceso a la salud y la educación, políticas de discapacidad, acompañamientos profesionales y recursos que permitan construir proyectos propios de vida dignos”, expresaron en alusión directa al montaje político que intentó hacer del tema la legisladora libertaria Natalia Gracianía, aportando a la confusión que hay sobre el tema y sin estar interiorizada de los casos.
Asimismo, el Colegio Profesional manifestó su rechazo a “el uso de las situaciones de vulnerabilidad de las niñeces, adolescencias y familias con fines de exposición pública, rédito político o campaña electoral”.
En la misma línea, remarcaron que “las situaciones de vulneración de derechos no pueden convertirse en contenido para las redes sociales” y que “las historias de vida de las familias no pueden ser utilizadas como escenario político”.
Finalmente, el organismo planteó que si existe una verdadera preocupación por los procesos de revinculación y los derechos de niñas, niños y adolescentes, esta debe traducirse en decisiones concretas, recursos y políticas públicas que fortalezcan los sistemas de protección integral.
“Los procesos de revinculación no pueden quedar sujetos a las urgencias ni a las necesidades de las personas adultas. Los tiempos de las niñeces y adolescencias no son los tiempos de la política”, concluyeron.
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