El concejal del Partido Justicialista Gabriel De La Vega presentó en el Concejo Deliberante de Ushuaia un proyecto de ordenanza destinado a crear un marco municipal para promover y ordenar el desarrollo productivo, industrial, científico y educativo del cannabis y el cáñamo en la ciudad.
La iniciativa propone crear un Programa Municipal de Desarrollo Productivo del Cannabis y Cáñamo, que abarcaría acciones vinculadas al cultivo, producción, industrialización, investigación, innovación tecnológica, formación, capacitación y comercialización, siempre dentro de las normas nacionales y provinciales vigentes.
Entre los objetivos planteados por el proyecto aparecen el desarrollo económico local, la generación de empleo, el impulso de la innovación científica y tecnológica, la producción sustentable y la incorporación de Ushuaia a la economía formal vinculada al cannabis y el cáñamo. También se plantea posicionar a la ciudad como un polo de conocimiento, formación y divulgación científica sobre la actividad.
Registro para productores y proyectosUno de los instrumentos centrales de la propuesta es la creación del Registro Municipal de Actores Productivos del Cannabis y Cáñamo. Allí podrían inscribirse productores, cooperativas, PyMEs, asociaciones civiles, instituciones científicas y proyectos públicos o mixtos, entre otros actores que estén legalmente comprendidos.
El registro tendría como finalidad identificar el ecosistema productivo local, generar estadísticas, facilitar la articulación entre los distintos actores y contribuir al diseño de políticas públicas. La inscripción tendría carácter de declaración jurada.
El proyecto aclara, sin embargo, que la inscripción en este registro no habilitaría por sí misma ninguna actividad que requiera autorización, licencia o registro de organismos nacionales o provinciales.
De La Vega plantea expresamente que la eventual ordenanza tendría carácter complementario y no buscaría reemplazar las competencias de las autoridades nacionales y provinciales. Las actividades vinculadas al cultivo, producción, industrialización, comercialización, transporte o transformación de cannabis y cáñamo deberán cumplir con las autorizaciones correspondientes.
Congresos, ferias y capacitacionesEl proyecto también incorpora un régimen específico para actividades educativas, científicas y culturales relacionadas con el cannabis y el cáñamo.
La propuesta contempla la realización de congresos, ferias, exposiciones, talleres, capacitaciones, experiencias formativas y visitas a proyectos productivos o científicos habilitados. Para estas actividades se plantea la creación de un registro de organizadores y una autorización municipal previa.
A su vez, establece que no podrán incluirse dentro del régimen aquellas actividades que promuevan el consumo fuera del marco legal o la comercialización no autorizada. El proyecto prohíbe expresamente cualquier promoción o incentivo del consumo fuera de las normas vigentes.
Incentivos y conservación de genéticasLa iniciativa contempla además que el Municipio pueda promover, junto con instituciones científicas y académicas, acciones de relevamiento, caracterización y conservación de genéticas y materiales de propagación de cannabis y cáñamo que tengan valor científico, productivo, ambiental o territorial.
El texto establece que estas acciones serían exclusivamente promocionales y de articulación institucional y que no implicarían la creación de un registro municipal de semillas o genéticas ni la asunción de funciones de certificación o fiscalización que correspondan a otros organismos.
En materia de promoción, el proyecto habilita la posibilidad de implementar asistencia técnica, capacitaciones, vinculación institucional y acompañamiento a proyectos productivos, científicos y educativos. También prevé que la reglamentación pueda establecer beneficios fiscales locales, facilidades administrativas, prioridad en programas municipales y acceso a espacios de desarrollo.
Articulación con organismos científicosEl proyecto propone que el Municipio pueda celebrar convenios con organismos como ARICCAME, INTA, INASE e INTI, universidades, centros de investigación, cooperativas, cámaras empresariales y sectores vinculados al turismo y la actividad privada.
La autoridad de aplicación sería definida por el Departamento Ejecutivo Municipal, con participación de las áreas de producción, desarrollo económico, ambiente, salud, turismo y gobierno, según corresponda.
Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es que Ushuaia pueda aprovechar las posibilidades de una actividad que el concejal vincula con la diversificación productiva, la generación de empleo calificado, la investigación científica y el desarrollo de la economía del conocimiento.
El proyecto presentado por De La Vega consta de 42 artículos y establece que, en caso de ser aprobado, el Departamento Ejecutivo deberá reglamentarlo dentro de los 90 días. También contempla una implementación progresiva del régimen.
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