USHUAIA.- El encuentro fue presidido por el legislador Pablo Villegas y también participaron representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas.
Villegas informó que recibió la documentación requerida de la Dirección Provincial de Energía, institución que también había sido convocada para el encuentro y que, con las disculpas del caso, remitió la documentación faltante, la que fue compartida con los integrantes de la Comisión.
El dato que aportó el Intendente de Tolhuin no pasó desapercibido, ya que precisó fechas sobre el comienzo de la obra de instalación del radar, que se estima anterior a contar con los permisos correspondientes. «Parece hasta llamativo, pero la Municipalidad presta especial atención a los avances de obra o a las falencias; por eso, cuando observamos el tamaño de este movimiento de suelo y de máquinas, comenzamos a gestionar ante los órganos de control».
En otro orden, apuntó a la premura de la empresa para instalar el radar en tiempo récord: «La manera en la que actuaron para acelerar los procesos de construcción tiene como único fin lograr el objetivo. A nosotros nos molesta la falta de respeto a las normativas. Si no respetan nuestras normas, no respetan a nuestros ciudadanos».
Por su parte, Pablo Blanco informó que aportó documentación de las actuaciones desde el Senado, sobre “reuniones que mantuve con funcionarios nacionales y provinciales, y del pedido a la Fiscalía de Estado, además de la información que recabé desde junio de 2023 hasta el fin de mi mandato, que está toda a disposición de la Comisión».
Detalló que mantuvo encuentros con la empresa LeoLabs en julio de 2023, “siempre pensando, según la información que me habían brindado, que era un proyecto a futuro. La sorpresa fue grande cuando la directiva de LeoLabs me abrió la computadora y me dijo: ‘Así funciona, está en período de prueba’. Ahí fue mi reacción: ustedes bajo ningún punto de vista pueden estar funcionando así», contó.
Blanco relató que, después del encuentro, comenzó a realizar averiguaciones de rigor hasta llegar a la conclusión de que «desde las autoridades nacionales no se tenía conocimiento, ni desde Cancillería ni desde Defensa; eran autorizaciones de tercera o cuarta línea. El paso más grave es la inscripción en Tierra del Fuego de la empresa con capitales ingleses e irlandeses. ¿A nadie le llamó la atención?», se preguntó.
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