La legisladora Natalia Graciania presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial en la provincia. La iniciativa establece, entre otros puntos, garantizar un 75% del dictado de clases durante las medidas de fuerza y la creación de un registro público sobre días de clases, paros y recupero de contenidos.
En medio del conflicto docente que atraviesa Tierra del Fuego, la legisladora del bloque La Libertad Avanza, Natalia Graciania, presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial en la provincia.
La iniciativa tomará estado parlamentario durante la próxima sesión de la Legislatura, prevista para fines de agosto, y busca establecer mecanismos que permitan garantizar el derecho a la educación de los estudiantes durante las medidas de fuerza.
Graciania sostuvo que Tierra del Fuego atraviesa una “grave crisis educativa” y cuestionó la cantidad de jornadas de clases que efectivamente se dictaron durante el último año.
“Estamos pasando una crisis tan profunda que el año pasado terminamos con menos de la mitad de los días de clases efectivamente dados”, afirmó.
Según explicó, el proyecto busca establecer un equilibrio entre el derecho de los trabajadores de la educación a realizar medidas de fuerza y el derecho constitucional de los estudiantes a recibir educación.
El 75% de las clases durante los paros
Uno de los principales puntos de la iniciativa establece que durante las medidas de fuerza debería garantizarse el 75% del dictado de clases en cada establecimiento y por turno.
La legisladora aclaró que la propuesta no apunta a impedir las protestas docentes, sino a garantizar que una parte sustancial de la actividad educativa continúe.
“El sindicato docente tiene que asegurar un 75% de asistencia de su personal o del que está representando en cada uno de los establecimientos educativos y por turno”, explicó.
De acuerdo con Graciania, las escuelas no deberían permanecer cerradas durante una medida de fuerza y los docentes que decidan trabajar deberían poder hacerlo sin presiones.
A su vez, el Ministerio de Educación debería contar con un plan anual de recuperación de clases y establecer una previsión para garantizar los servicios mínimos durante los conflictos.
Registro público de días de clases
El proyecto también contempla la creación de un registro público que permita conocer de manera clara cuántos días de clases se dictaron efectivamente, cuántas jornadas estuvieron afectadas por medidas de fuerza y cuántos días fueron recuperados.
Graciania cuestionó que la Legislatura todavía no cuente con información actualizada y detallada sobre la cantidad de jornadas educativas efectivamente desarrolladas.
“Nos hemos encontrado con una verdadera tragedia en la educación”, sostuvo, y agregó que desde el bloque solicitaron en reiteradas oportunidades al Ministerio de Educación información sobre los días de clases dictados.
La legisladora señaló que durante el primer semestre del año pasado esa información era suministrada, pero que posteriormente dejó de ser presentada con el mismo nivel de detalle.
Críticas al Gobierno por infraestructura
Además del conflicto docente, Graciania cuestionó la situación edilicia de los establecimientos educativos de la provincia.
La legisladora afirmó que existen escuelas que no pueden garantizar el dictado de clases debido a problemas de infraestructura y sostuvo que la provincia lleva años sin realizar, según su evaluación, las inversiones necesarias.
“Si no tenemos clases porque hay desobligaciones, hay paro docente, no tenemos clases porque las escuelas no están en condiciones. Entonces, ¿qué más vamos a esperar?”, planteó.
El proyecto deberá debatirse en comisión
Respecto de la posibilidad de que la iniciativa sea aceptada por los gremios docentes, Graciania reconoció que el planteo ya recibió rechazo sindical.
Sin embargo, sostuvo que el proyecto deberá ser discutido dentro de la Legislatura y que durante el tratamiento en las comisiones correspondientes serán escuchadas las distintas posiciones.
“Nos han elegido justamente para esto, para generar leyes que le traigan soluciones a los problemas que tiene la gente en Tierra del Fuego”, afirmó.
La iniciativa comenzará ahora su recorrido parlamentario y abrirá un nuevo debate en torno al conflicto educativo provincial, el derecho a huelga y la necesidad de garantizar la continuidad de las clases.–
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