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12/08 2026

El defensor oficial del DJN formuló polémicas expresiones luego de finalizado el juicio en el que su representado recibió una de las penas más severas de la historia judicial fueguina.

El posicionamiento del defensor oficial mayor Mariano Sardi durante el juicio contrastó con el planteo de la Fiscalía. Mientras el Ministerio Público Fiscal solicitó 30 años de prisión por los abusos sexuales cometidos durante 11 años por Oscar Dávila, contra las dos hijas de su pareja, la Defensa había pedido su sobreseimiento por considerar que los hechos habían prescripto.

El defensor oficial mayor Mariano Sardi y su defendido, Oscar Antonio Dávila.

El juicio contra Oscar Antonio Dávila, condenado este miércoles a 30 años de prisión por los abusos sexuales cometidos durante contra las dos hijas de su pareja, tuvo durante el desarrollo de los alegatos y hasta el momento mismo de conocerse la sentencia un marcado contraste entre las posiciones asumidas por la Fiscalía y la Defensa Oficial.

El debate se inició el miércoles 5 de agosto y concluyó exactamente una semana después, el miércoles 12 de agosto, con la intervención del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, integrado por la jueza Verónica Marchisio y los jueces Eduardo López y Juan José Varela.

Dávila, de 60 años, fue juzgado por haber abusado sexualmente de las dos hijas de su pareja, desde que ambas eran niñas y hasta su adolescencia, cuando tenían entre 6 y 17 años de edad.

Los hechos tuvieron además una consecuencia particularmente grave: una de las víctimas quedó embarazada como consecuencia de los abusos y dio a luz a un niño.

Frente a la gravedad de los hechos que fueron materia del debate, la representante del Ministerio Público Fiscal, Vanina Cantiani, había solicitado durante la etapa de alegatos una pena de 30 años de prisión, planteando la responsabilidad penal de Dávila por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, agravados por la relación que mantenía con las víctimas, el deber de cuidado y la convivencia.

La postura de la Defensa Oficial fue sustancialmente diferente.

El defensor oficial mayor del Distrito Judicial Norte, Mariano Sardi, no reclamó una reducción de la pena ni una condena de menor extensión. Su planteo fue de una naturaleza diferente: solicitó que Dávila fuera directamente sobreseído, al sostener que los hechos por los cuales había sido llevado a juicio se encontraban prescriptos, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.

De esta manera, las posiciones expuestas ante el Tribunal quedaron ubicadas en extremos diametralmente opuestos.

Mientras la Fiscalía entendió que la gravedad de los delitos acreditados justificaba una de las penas más severas previstas para este tipo de hechos, la Defensa sostuvo que el paso del tiempo impedía jurídicamente avanzar hacia una condena.

Finalmente, los jueces rechazaron el planteo de Sardi y condenaron a Dávila a 30 años de prisión, coincidiendo exactamente con el monto de pena solicitado por la fiscal Cantiani.

“LA CONDENA ES INHUMANA Y DESPROPORCIONADA”

La discrepancia de la Defensa con la decisión del Tribunal quedó expuesta inmediatamente después de la lectura de la sentencia.

En el recinto donde se desarrolló el juicio, que tuvo lugar a puertas cerradas, Sardi manifestó su desacuerdo con el fallo y expresó textualmente que – a su criterio – “la condena es inhumana y desproporcionada”.

El defensor fundamentó su posición “en la necesidad de garantizar los derechos y garantías de toda persona sometida a un proceso penal” y puntualizó la referencia “a la protección de los derechos humanos” de Dávila.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 27 de agosto, oportunidad en la que los jueces explicarán las razones jurídicas y fácticas que sustentaron la condena.

Hasta entonces, el fallo conocido este miércoles deja también una escena particularmente contrastante dentro del juicio: mientras la acusación reclamó la máxima respuesta penal frente a una historia de abusos que se extendió por más de una década en la vida de dos menores, la Defensa sostuvo hasta el final la necesidad de sobreseer al acusado y, una vez conocida la condena, calificó la pena impuesta con palabras que quedaron resonando:  “es inhumana y desproporcionada”.

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