Se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la UOM y el Grupo Mirgor.
El Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego dictó la medida luego de que cerca de 300 trabajadores no pudieran ingresar a sus lugares de trabajo en las cuatro plantas que la empresa posee en Río Grande.
La medida fue adoptada de manera inmediata por la cartera laboral provincial y tendrá una vigencia inicial de 15 días, con el objetivo de retrotraer la situación al momento previo al inicio del conflicto y abrir una instancia formal de diálogo entre la empresa y la representación sindical.
En ese marco, las partes fueron convocadas a una audiencia para el martes 11 de agosto, donde deberán abordar tanto los reclamos que dieron origen a la disputa como la situación laboral generada durante los últimos días.
La ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, sostuvo que se trata de “una situación muy delicada, principalmente para los trabajadores y sus familias” y explicó que la intervención estatal apunta a generar un ámbito concreto para que las partes puedan discutir sus diferencias y buscar una salida.
“Desde que tomamos conocimiento actuamos inmediatamente porque es necesario generar espacios de diálogo concretos para que las partes puedan sentarse, discutir las diferencias y encontrar una solución”, afirmó.
Entre los principales efectos de la conciliación obligatoria se encuentra la exigencia de retrotraer las condiciones al momento previo al conflicto: “Durante 15 días los trabajadores deben continuar ingresando a sus puestos de trabajo y no deben producirse medidas que profundicen el conflicto. Por eso fijamos una audiencia de manera inmediata para comenzar a trabajar con las partes”, sostuvo la funcionaria.
La audiencia deberá permitir avanzar sobre los distintos aspectos de la controversia, incluido el reclamo gremial que dio origen al conflicto y la situación de los trabajadores que durante las últimas horas no pudieron acceder a las plantas.
“Hay que echar luz sobre lo ocurrido y sentar a las partes a hablar. Nuestro objetivo es preservar los puestos de trabajo y encontrar una salida mediante el diálogo, entendiendo además el complejo contexto que atraviesa hoy la actividad industrial”, expresó Castiglione.
La intervención del Ministerio de Trabajo se produce en un escenario de preocupación por la situación de la industria fueguina y, particularmente, por su impacto sobre el empleo en Río Grande.
La ministra remarcó que las dificultades que atraviesa el sector industrial exceden el ámbito de las fábricas y tienen consecuencias sobre el conjunto de la economía local.
“Cuando una actividad que tiene tanta incidencia en el empleo de Río Grande atraviesa dificultades, el impacto no termina dentro de una fábrica: repercute en las familias, en el comercio y en toda la economía de la ciudad”, concluyó.
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