El abogado y asesor legislativo cuestionó las limitaciones de la legislación vigente, que contempla penas de entre 15 días y un año de prisión. Planteó además la necesidad de avanzar hacia organismos judiciales especializados y reclamó que una eventual reforma incluya la participación de las organizaciones protectoras de animales.
El reciente caso que se viralizó en redes sociales, en el que una mujer denunció haber perdido varios de sus animales como consecuencia del ataque de un perro, volvió a instalar el debate sobre la responsabilidad de los propietarios, el maltrato animal y los límites que presenta actualmente la legislación argentina.
En ese contexto, el abogado, asesor legislativo y profesor universitario Francisco Luna analizó la situación y consideró necesaria una actualización de la normativa nacional.
“El público se renueva, pero las leyes lamentablemente aún no”, señaló Luna al referirse a la Ley 14.346 de protección animal, sancionada en 1954 y aún vigente en el país. La norma establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes inflijan malos tratos o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.
Para el abogado, allí aparece una de las principales limitaciones del sistema actual.
“Si estamos hablando de que queremos que le caiga el peso de la ley, el peso de la ley va a ser de 15 días a un año”, explicó. Y remarcó que, más allá del impacto social que pueda provocar determinado hecho, la Justicia no puede imponer una condena superior a la prevista por la legislación.
“Uno por ahí dice: Bueno, sí, pero que le den 15 años. Si la ley estipula un año de máximo, es lo máximo que se le puede pedir y es lo máximo que se le puede dar”, sostuvo.
Una legislación que quedó atrás
Luna consideró que la normativa actual resulta demasiado limitada frente a la evolución que tuvo durante las últimas décadas la mirada social y jurídica sobre los animales.
Según explicó, se trata de una ley con pocos artículos y un esquema que considera insuficiente para responder a las problemáticas actuales. Incluso mencionó que en otros sistemas jurídicos se avanzó en la discusión sobre los animales como sujetos merecedores de una protección jurídica mucho más amplia.
El abogado también puso el foco en otra dificultad: la prioridad que tienen estos casos dentro del sistema judicial.
“No es que los organismos judiciales descarten estos delitos, no los investiguen o los cajoneen. Todo lo contrario. Pero, a nivel de prioridades, hay otras”, explicó.
Para Luna, la baja escala penal prevista por la legislación influye necesariamente en esa realidad, especialmente frente a un Poder Judicial que simultáneamente debe atender investigaciones vinculadas con delitos de mayor gravedad.
También señaló que una pena de pocos días de prisión difícilmente termine traduciéndose en el ingreso efectivo de una persona a una cárcel y mencionó, además, las dificultades que atraviesa el sistema penitenciario.
¿Una fiscalía especializada en maltrato animal?
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de contar con estructuras especializadas para investigar este tipo de hechos.
Luna puso como referencia experiencias existentes en otras jurisdicciones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona actualmente la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), que interviene, entre otras cuestiones, en investigaciones relacionadas con maltrato y crueldad animal.
Para Tierra del Fuego, consideró que pensar en una fiscalía e incluso, a futuro, en un juzgado especializado no resulta imposible.
“Yo no lo veo imposible, pero sí un poco lejano acá en Tierra del Fuego”, reconoció.
La principal dificultad, explicó, está relacionada con la disponibilidad de recursos y con las prioridades que hoy enfrenta el Estado.
En un escenario atravesado por las discusiones sobre el gasto público y el financiamiento de las distintas áreas, reconoció que la creación de nuevas estructuras judiciales podría parecer lejana. Sin embargo, aclaró que eso no significa que sean innecesarias.
“A nivel de prioridades, hoy no está en la cúspide de la pirámide”, resumió.
Proyectos que no logran avanzar
Luna recordó además que durante los últimos años fueron presentadas distintas iniciativas en el Congreso de la Nación destinadas a modificar la legislación de protección animal, aunque señaló que hasta el momento no se consiguieron los consensos políticos necesarios para concretar una reforma integral.
“Hay bastantes proyectos de ley para modificar esta ley de maltrato animal, pero no se hace, no están los consensos políticos”, sostuvo.
A su entender, el problema también radica en que la cuestión todavía no ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda pública.
Sin embargo, advirtió que los casos que generan conmoción social vuelven periódicamente a colocar el tema en discusión, tal como ocurrió con el reciente episodio difundido masivamente a través de las redes sociales.
Escuchar a quienes trabajan todos los días con los animales
Finalmente, Luna sostuvo que una eventual modificación de la legislación no debería surgir únicamente del ámbito político o jurídico, sino incorporar la experiencia de quienes trabajan diariamente con animales víctimas de abandono o maltrato.
En ese sentido, destacó particularmente el papel de las asociaciones y organizaciones protectoras.
Para el abogado, una reforma integral debería construirse mediante una discusión amplia en la que participen los distintos sectores involucrados.
“Debería crearse un foro nacional para que se debatan las ideas y no queden puntos del tema sin cubrir”, planteó.
La discusión, sostuvo, debería permitir revisar no solamente las penas previstas para los casos de crueldad y maltrato, sino también el sistema de prevención, las responsabilidades de quienes tienen animales a su cargo, los mecanismos de intervención judicial y el lugar jurídico que la sociedad pretende otorgarles.
Más de siete décadas después de la sanción de la legislación actualmente vigente, Luna resumió el planteo en una definición concreta: “Es necesaria una nueva ley sobre maltrato animal”.
(EN EL AUDIO LA ENTREVISTA COMPLETA)
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