La Justicia dejó firme el fallo por el financiamiento universitario

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, tras quedar firme la resolución luego de la decisión de la Corte Suprema.

La Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejara sin efecto la suspensión de su ejecución tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.

Con esta resolución, el Gobierno de Javier Milei deberá cumplir con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, además de garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles, de acuerdo con lo establecido por la ley sancionada por el Congreso.

El expediente volverá ahora al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, para continuar con la ejecución de la medida cautelar. La suspensión había sido dispuesta mientras la Corte analizaba la presentación del Gobierno, pero esa decisión perdió sustento luego de que el máximo tribunal rechazara el planteo oficial.

Marcelo Aba, rector de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), explicó el alcance de la resolución. “Estamos hablando de la cautelar que presentamos inmediatamente después de que apareció el decreto del Poder Ejecutivo. Fuimos sobre el tema más urgente: los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Eso ha quedado firme y debería aplicarse”, afirmó.

En el mismo sentido, Sergio Zaninelli, dirigente de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS), consideró que se trata de “un gran avance” y remarcó que “si la Corte rechazó el recurso, ya no te queda ningún instrumento para levantar esa suspensión y ejecutar la medida cautelar”.

El conflicto se originó tras la publicación del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno sostuvo que la ley solo podía aplicarse una vez definidas las fuentes específicas de financiamiento. Aunque el Ejecutivo otorgó recientemente incrementos salariales y mayores partidas para funcionamiento y hospitales universitarios, esos montos quedaron por debajo de los previstos por la LFU.

En paralelo, el diputado socialista Esteban Paulón presentó una denuncia penal por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el supuesto incumplimiento de la norma.