Sin Ley de Tierras, el proyecto mantiene cambios en desalojos, expropiaciones y manejo del fuego

La Cámara alta debatirá este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El oficialismo retiró el capítulo que modificaba la compra de tierras por parte de extranjeros, para evitar una derrota legislativa, pero la iniciativa conserva una reforma de 48 artículos que introduce modificaciones en materia de propiedad privada, procesos de desalojo, expropiaciones y protección de terrenos afectados por incendios.

El Senado debatirá este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el Gobierno resolviera retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. La decisión respondió a la falta de respaldo suficiente para aprobar ese apartado, aunque el texto mantiene gran parte de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Además de dejar sin efecto los cambios vinculados con la compra de tierras por parte de extranjeros, el proyecto conserva modificaciones en los procedimientos de desalojo, el régimen de expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego, la regularización de viviendas y distintos aspectos relacionados con los registros inmobiliarios. Según el Gobierno, el objetivo es reforzar la protección del derecho de propiedad y reducir la intervención estatal.

Uno de los cambios más relevantes alcanza a los desalojos. La iniciativa prevé que estos procesos judiciales tramiten por una vía más rápida y habilita, en determinadas circunstancias, que un juez ordene la restitución del inmueble antes de la finalización del juicio si considera acreditado el derecho del propietario.

El texto incorpora algunas previsiones para casos que involucren a familias con niños, personas mayores o personas con discapacidad. No obstante, sectores críticos sostienen que la reforma reduce los plazos disponibles para ejercer la defensa y favorece una resolución más expeditiva de los desalojos.

Otro de los puntos modifica la Ley de Manejo del Fuego. La normativa vigente establece restricciones para cambiar el uso de tierras afectadas por incendios con el propósito de desalentar siniestros provocados con fines inmobiliarios, productivos o turísticos. El proyecto reduce el alcance de esas limitaciones y restringe la protección a un conjunto más acotado de terrenos.

En materia de expropiaciones, la iniciativa incorpora nuevas condiciones para los casos en que el Estado deba adquirir inmuebles destinados a obras de utilidad pública. Además del valor de la propiedad, la indemnización podrá contemplar el denominado lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario afirme haber dejado de percibir.

De aprobarse, ese cambio incrementaría el costo de las expropiaciones y podría incidir en la ejecución de proyectos de infraestructura como rutas, hospitales o escuelas, al elevar el monto que debería afrontar el Estado para concretarlas.

Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca fortalecer las garantías sobre la propiedad privada, distintos sectores advierten que las modificaciones podrían dificultar la ejecución de obras públicas, reducir la protección sobre tierras incendiadas y acelerar procesos de desalojo con menores márgenes de defensa para los ocupantes.