Allanan de nuevo la Unidad de Detención en busca de dos celulares que no fueron entregados a la Justicia

Es por los vejámenes que ocurrieron en el Servicio Penitenciario el 9 de mayo contra tres reclusos. Se fortalece la hipótesis de una connivencia entre presos y penitenciarios debido a los resultados de los análisis de los celulares investigados.

En el análisis de las comunicaciones internas entre penitenciarios se desprendió que se habían incautado en los días posteriores al hechos, dos celulares. El primero al interno Leandro Soto y el segundo al interno Cristian Varas, ambos imputados dentro del grupo de 10 reclusos acusados de la brutal golpiza.

Solo del celular de Varas, un oficial dejó constancia administrativa.

Ante el informe elevado por la división policial de Delitos Complejos del análisis de los 20 teléfonos ya incautados, la jueza de la causa la Dra. Cecilia Cataldo y el fiscal Mayor Martín Bramatti, a quienes se intentó recusar; ordenaron un nuevo allanamiento de las instalaciones penitenciarias.

El procedimiento fue ordenado de manera compulsiva, no fue una mera orden de presentación, lo que da cuenta que el Poder Judicial ya sospecha marcadamente de la reticencia del Servicio Penitenciario a mostrarse colaborativo con la investigación, con 7 de sus integrantes imputados.

Y es que no es un dato menor que se buscan dos celulares que el Servicio Penitenciario omitió remitir a la Justicia, e incluso se suman otros dos elementos que se presume fueron utilizados en la agresión.

Se trata de un destornillador y un palo de escoba astillado, con los cuales se presume fueron agredidos Burgoa padre, hijo y el interno Flores. Esos elementos, según se desprende de la información en los teléfonos, fue entregada por un preso a las autoridades penitenciarias, las cuales también omitieron girar los mismos a la Justicia.

El procedimiento permitió recuperar los dos celulares incautados a los presos y además el destornillador. No se pudo dar con el palo de escoba.

Continúa la investigación.