El juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Ernesto Adrián Löffler, habló en AIRE LIBRE FM y se pronunció sobre la reciente designación de la jueza de Familia de Ushuaia, explicó el alcance de la propuesta para reformar los concursos de magistrados y abordó su postura en causas vinculadas a delitos de abuso sexual y al reclamo de los policías territoriales por sus haberes previsionales.
En diálogo con Aire Libre FM, el magistrado aclaró que actualmente no ocupa cargos de conducción dentro del Superior Tribunal y que su tarea está centrada en la actividad jurisdiccional.
Designación de la jueza de Familia
Löffler explicó que el conflicto entre el Superior Tribunal y el Consejo de la Magistratura surgió tras la propuesta para designar a dos magistrados en Ushuaia, entre ellos la doctora María Elena Guerrero como jueza de Familia. Recordó que él no compartió la decisión adoptada inicialmente por la mayoría del Superior Tribunal y que incluso emitió un voto en disidencia.
Posteriormente, tras una reunión institucional entre ambos organismos, el Consejo amplió la fundamentación respecto de la especialidad de la candidata en materia de Familia y Minoridad, lo que permitió destrabar la situación.
«El Consejo debía motivar un poco más extensamente una de las idoneidades que se exigía para el cargo. Cumplido eso, el Superior decidió designar a la doctora Guerrero, que asumirá en breve».
«No veo una intencionalidad política»
Consultado sobre las críticas que suelen vincular los fallos judiciales con intereses políticos, Löffler rechazó esa interpretación. Sostuvo que las diferencias entre los integrantes del Superior responden a criterios jurídicos y doctrinarios distintos, más que a alineamientos políticos.
«No creo que haya una intencionalidad política de algunos miembros del Superior de apoyar o perjudicar al Gobierno. Cada juez mantiene una línea de pensamiento y una coherencia doctrinaria.»
Reforma para los concursos de jueces
Uno de los principales temas de la entrevista fue la propuesta elaborada por el Superior Tribunal para mejorar los mecanismos de selección de magistrados y funcionarios judiciales.
Löffler afirmó que el objetivo es eliminar la discrecionalidad y fortalecer la evaluación objetiva de los postulantes mediante criterios de mérito claramente establecidos.
Explicó que la iniciativa propone valorar cuatro grandes dimensiones:
Idoneidad técnico-científica. Idoneidad gerencial. Idoneidad ética. Idoneidad psicofísica.
Además, señaló que se busca asignar puntajes específicos a antecedentes académicos, trayectoria profesional, exámenes escritos y entrevistas, siguiendo modelos similares a los utilizados por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
«Hasta ahora no había una norma que regulara cómo se calificaba a los postulantes. Había un margen de discrecionalidad que hoy debemos reducir.»
También sostuvo que el espíritu constitucional es despartidizar la designación de jueces, diferenciando ese concepto de la participación política en sentido amplio.
Su postura sobre delitos de abuso sexual
Löffler también explicó la posición que sostuvo en un reciente fallo relacionado con delitos de abuso sexual. Aclaró que no podía referirse a causas pendientes, pero sí a precedentes ya resueltos, donde sostuvo que antes de declarar prescripta una causa debe permitirse la realización del juicio oral para que las víctimas puedan obtener un reconocimiento judicial de los hechos denunciados.
«Para mí las víctimas tienen derecho, al menos, a que un juicio determine si aquello que denunciaron ocurrió. Después la aplicación de una pena es otra discusión.»
Recordó que la legislación fue modificándose con el tiempo y explicó que actualmente, para determinados delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores, el plazo de prescripción comienza cuando la víctima decide denunciar, mientras que en regímenes anteriores el cómputo se iniciaba desde el hecho o desde que la víctima alcanzaba la mayoría de edad.
Asimismo, remarcó que al resolver este tipo de casos los jueces deben considerar no solo el Código Penal, sino también tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará.
Reclamo de los policías territoriales
Finalmente, Löffler se refirió al caso Burgos, vinculado a los descuentos aplicados sobre jubilaciones de policías territoriales. Indicó que votó junto al juez Javier Muchnik a favor de admitir la acción de amparo y sostuvo que las reducciones aplicadas vulneran el derecho de propiedad y el principio constitucional de irreductibilidad de las jubilaciones previsto en la Constitución fueguina.
Según explicó, existen casos donde las quitas alcanzan entre el 27% y el 42% de los haberes.
«Cuando se producen reducciones de esa magnitud se afecta el derecho de propiedad. La Constitución provincial establece que las jubilaciones son irreductibles y la Ley 834 pone en cabeza del Estado la obligación de garantizar el funcionamiento del sistema previsional.»
El magistrado afirmó que, a su criterio, los policías territoriales afectados tienen derecho a percibir los montos que dejaron de cobrar por esas reducciones.
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