María Fontana, esposa de un retirado de la Policía Territorial, habló con Aire Libre FM sobre la denuncia impulsada ante los reiterados agravios que, según sostuvo, recibieron las mujeres que acompañan el reclamo. Además, cuestionó los descuentos sobre los haberes de los retirados, denunció el incumplimiento de leyes provinciales y pidió avanzar con la intervención de la Caja.
María Fontana, esposa de un retirado de la Policía Territorial, explicó en diálogo con Aire Libre FM los motivos que llevaron a formalizar una denuncia por presunta discriminación, luego de una serie de expresiones que consideraron descalificativas hacia las mujeres que acompañan el reclamo de los retirados.
“La verdad es que esta denuncia la veníamos pensando por todos los adjetivos descalificativos que nos daban a nosotras como mujeres”, señaló Pontana. En ese sentido, recordó que los agravios comenzaron con expresiones como “mandarnos a lavar los platos” y continuaron, según relató, con afirmaciones en las que se aseguraba que las manifestantes “daban lástima” por reclamar los derechos de sus esposos y de sus familias.
Fontana también cuestionó el accionar de integrantes del directorio de la Caja en relación con los gastos de representación. Según explicó, luego de la sanción de las leyes provinciales 1627 y 1628, que impedían continuar percibiendo esos conceptos, se habría presentado un recurso para mantener el beneficio.
“Se basaron en que eran derechos adquiridos por ellos en estos dos años que habían estado en el directorio”, sostuvo. Asimismo, afirmó que entre los argumentos se planteó la necesidad de contar con esos fondos para realizar viajes entre Río Grande y Ushuaia y que, además, el dinero formaba parte de su “cuota de alimento”.
La mujer contrapuso esa situación con la realidad que atraviesan los retirados de la Policía Territorial. “Ellos siguen cobrando su sueldo todos los meses, como retirados o en actividad. Cobran su sueldo completo. Ahí no hay una cuestión de alimentos”, expresó.
En este marco, Fontana denunció que los retirados sufren descuentos de hasta el 50% de sus haberes. “Ya no pasamos a un pequeño descuento, pasaron a confiscar, sin una justificación judicial, previa ni nada, un 50% de sus haberes”, afirmó.
Además, sostuvo que las autoridades continúan incumpliendo la propia normativa de la Caja y mencionó las resoluciones 148 y 040, a partir de las cuales, según explicó, se decidió interrumpir los pagos a los denominados “territoriales”.
“Ahora la Legislatura les hizo ver que eso estaba mal, nos dio una mano con la 1627 y la 1628, diciéndoles: ‘Señores, tienen que arreglar esto’. Les dieron todos los mecanismos y un plazo para que empiecen a pagar, y todavía no nos han pagado”, manifestó.
“Queremos seguir creyendo en la Justicia”
Consultada sobre las expectativas en torno a las presentaciones judiciales, Fontana aseguró que las familias todavía mantienen la esperanza de obtener una respuesta favorable, aunque reclamó igualdad de criterio ante la Justicia fueguina.
“Queremos seguir creyendo en la Justicia. Si la Justicia de Tierra del Fuego, a los amparos de nuestros esposos, les dijo que vayan a la vía ordinaria, queremos creer que a estos señores los van a mandar también a hacer un juicio ordinario”, expresó.
Y advirtió: “Si les dan lugar, entonces ahí sí nos damos cuenta de que tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.
Por otra parte, Fontana planteó cuestionamientos sobre la información financiera disponible y aseguró que no se encuentran publicados balances que permitan conocer con precisión el movimiento de fondos de la institución.
“Estamos a mitad de año y no han subido los balances de los tres primeros trimestres. No sabemos en qué se ha gastado el dinero ni si se ha recuperado algo”, cuestionó.
Piden la intervención de la Caja
Finalmente, la esposa del retirado territorial reconoció el acompañamiento que recibieron por parte de la Legislatura provincial con la sanción de las leyes 1627 y 1628, pero pidió a los parlamentarios avanzar con nuevas medidas ante el presunto incumplimiento de la normativa.
“Los legisladores a nosotros nos saldaron el soporte, eso lo tenemos que agradecer y demostrar. Pero ahora queremos que sigan insistiendo en esto. No están cumpliendo la ley”, remarcó.
Pontana consideró que, ante la falta de respuestas, debería analizarse directamente la intervención de la institución. “Lo que esperamos es que los legisladores empiecen a pedir la intervención de la Caja. Que hagan la intervención, un balance general y se vea cómo actuó este directorio”, afirmó.
También hizo referencia a las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas desde 2022 y reclamó que sean tenidas en consideración para revisar el funcionamiento de la institución.
“Si vos, yo o cualquier ciudadano no cumple la ley, tenés una sanción. Acá no tenemos sanción”, cuestionó.
Al cerrar, Fontana insistió en que la expectativa de las familias está puesta en una decisión política e institucional que permita revisar la administración de la Caja y resolver el reclamo de fondo de los retirados territoriales.
“De la Legislatura, lo único que ahora esperamos es la intervención de la Caja”, concluyó en Aire Libre FM.
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