Un grupo de trabajadores del puerto de Ushuaia impulsa una ofensiva judicial propia contra la intervención

Pasaron poco más de cinco meses de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre la Dirección Provincial de Puertos y el conflicto ingresó en una nueva etapa. Trabajadores del organismo y representantes gremiales decidieron llevar el caso a la Justicia Federal mediante dos acciones distintas que tienen un mismo objetivo: la suspensión de los efectos de la intervención mientras se resuelve su legalidad y que exista una definición antes del comienzo de la próxima temporada de cruceros.

La intervención fue ordenada a principios de enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), luego de cuestionar el estado de la infraestructura portuaria y distintos aspectos vinculados a la administración del Puerto de Ushuaia. Desde ese momento, el Gobierno provincial, la Dirección Provincial de Puertos, los trabajadores y diversos sectores sindicales sostienen que la medida vulnera la autonomía del ente autárquico provincial y excede las facultades del organismo nacional.

En ese contexto, un grupo de 64 trabajadores presentó una demanda contencioso-administrativa solicitando que se declare la nulidad de la resolución que dispuso la intervención y que, como medida cautelar, se suspendan sus efectos hasta que exista una sentencia definitiva.

En forma paralela, dirigentes del Sindicato Unido de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) promovieron un amparo sindical en el que denuncian la afectación de derechos laborales y gremiales derivada de la intervención. Allí solicitan el cese de las restricciones que, según sostienen, impiden el normal desarrollo de la actividad sindical y el ingreso del personal a distintos sectores del puerto.

En la demanda principal, los trabajadores sostienen que la intervención continúa generando consecuencias concretas sobre su situación laboral y que la demora judicial podría volver ineficaz cualquier resolución futura.

Uno de los argumentos centrales del escrito advierte que “la demora propia del trámite judicial puede consumir en los hechos la vigencia inicial de la medida cuestionada, tornando ilusoria cualquier sentencia favorable que se dicte con posterioridad”, razón por la cual solicitaron una medida cautelar urgente.

Junto con las presentaciones judiciales, los trabajadores difundieron un documento público en el que procuran dejar en claro que el objetivo de acudir a la Justicia no es paralizar la actividad portuaria. “Quienes impulsaron estas acciones no buscan profundizar el conflicto, sino obtener una respuesta judicial que aporte previsibilidad y seguridad jurídica para todas las partes involucradas”, expresaron.

En ese mismo sentido remarcaron que la intención es resolver el conflicto antes del inicio de la próxima temporada de cruceros. Los trabajadores también sostienen que el conflicto trasciende la discusión estrictamente laboral.

Según señalaron, más de 140 familias dependen directa e indirectamente de la continuidad y estabilidad de la Dirección Provincial de Puertos, por lo que manifestaron preocupación por el futuro financiero del organismo.

En el documento también destacan que el Puerto de Ushuaia constituye uno de los principales motores económicos de la provincia y que la próxima temporada de cruceros será determinante para la actividad turística, logística y comercial.

Incluso consideran que la ciudad necesita recuperar una imagen de tranquilidad frente al turismo internacional luego de distintos episodios que tuvieron repercusión en los últimos meses, como las noticias vinculadas al hantavirus y el incidente protagonizado por el buque Hondius.

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