Concursante denunció irregularidades y la comisión legislativa defendió la selección

Controvertido concurso para elegir al Defensor de Niñez en Ushuaia.

La abogada Natalia Da Fonseca cuestionó la exclusión de 45 aspirantes y habló de falta de transparencia. Desde la comisión evaluadora respondieron que las decisiones se basaron únicamente en el cumplimiento de los requisitos previstos por ley.

Abogada Natalia Da Fonseca.

La polémica por el concurso destinado a cubrir el cargo de Defensor/a Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego sumó novedades en las últimas horas, luego de que una de las postulantes no admitidas cuestionara públicamente el proceso y, posteriormente, la comisión evaluadora saliera a defender el procedimiento y a rechazar cualquier sospecha de direccionamiento.

La controversia surgió a partir de los dichos públicos de la letrada Natalia Ofelia Da Fonseca, una de las aspirantes al cargo, quien cuestionó abiertamente el desarrollo del Concurso Público de Oposición y Antecedentes y sostuvo que existieron irregularidades en la etapa de selección.

Según expresó, de las 63 personas inscriptas, 45 fueron declaradas no admitidas por supuestos incumplimientos documentales que —afirmó— no se corresponden con la situación real de muchas de ellas.

Entre sus cuestionamientos, aseguró que en su caso se le consideró no acreditada la residencia en la provincia y sus antecedentes profesionales, algo que calificó como “improcedente y absurdo” al sostener que estudió y desarrolló su actividad en Tierra del Fuego.

También cuestionó a los responsables por el modo en que fue difundido el listado de admitidos y excluidos. Señaló que la publicación no establecía fecha, carecía de firma de autoridades.

Da Fonseca sostuvo además que intentó obtener explicaciones personalmente en la Legislatura Provincial y afirmó que no fue recibida por ningún integrante de la comisión. Según relató, allí se le informó verbalmente que el plazo para impugnar el listado ya había vencido y que había quedado fuera del proceso, sin más respuestas.

En ese contexto, la postulante cuestionó el nivel de publicidad y transparencia del procedimiento y expresó preocupación por lo que describió como una falta de fundamentación suficiente en decisiones que afectan el acceso al concurso.

Frente a esas críticas, la Comisión Evaluadora ad hoc emitió un comunicado institucional en el que defendió el procedimiento y realizó una serie de aclaraciones públicas.

Desde el organismo señalaron que la Defensoría fue creada como un órgano autónomo e independiente de los tres poderes del Estado y recordaron que la ley prevé que sus autoridades sean seleccionadas mediante concurso público de antecedentes y oposición bajo principios de transparencia, publicidad, igualdad de oportunidades, mérito e idoneidad.

Asimismo, indicaron que la comisión está integrada por representantes de los tres poderes provinciales y sostuvieron que todas las decisiones vinculadas con la admisibilidad respondieron exclusivamente a la verificación objetiva del cumplimiento de requisitos previamente establecidos.

La comisión también afirmó que el proceso aún atraviesa una etapa preliminar y aclaró que todavía no se realizaron exámenes escritos, entrevistas, evaluaciones integrales ni audiencia pública, por lo que consideró que cualquier afirmación sobre resultados predeterminados carece de sustento.

Además, recordó que el organismo únicamente elevará una propuesta de terna y que la definición final de las autoridades corresponderá a la Legislatura provincial.

Como medida adicional, informó que solicitó el acompañamiento institucional de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación para monitorear el desarrollo del proceso.

Por el momento, el concurso continúa abierto dentro de las etapas previstas y permanece abierto el debate público sobre las condiciones de admisión y el nivel de transparencia aplicado durante el procedimiento.