El Gobierno admitió que necesita seguir manejando la caja de OSEF y vetó las transferencias automáticas

El Ejecutivo justificó el veto a la ley aprobada por la Legislatura que establecía el envío automático de aportes y contribuciones a OSEF, alegando que perdería capacidad para administrar la caja provincial y definir prioridades de pago. El dictamen reconoce que esos fondos seguirán sujetos al manejo financiero general del Gobierno.

El Gobierno provincial avanzó con el veto total a la ley que buscaba garantizar la transferencia automática de aportes y contribuciones a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a las cajas previsionales, apoyándose en argumentos vinculados a la “unidad de caja”, la “sostenibilidad financiera” y las facultades del Poder Ejecutivo sobre la administración de fondos públicos.

Sin embargo, el propio dictamen jurídico que respalda la decisión terminó dejando expuesto el núcleo del conflicto: el Ejecutivo no está dispuesto a resignar el control financiero sobre esos recursos y considera necesario mantenerlos dentro del esquema general de administración de caja de la Provincia.

El documento elaborado por la Secretaría Legal de Gobierno sostiene que la ley sancionada por la Legislatura afectaba la capacidad estatal de “determinar prioridades de pago” y alteraba el manejo integral de la disponibilidad financiera provincial. 

El Gobierno, en ningún tramo del dictamen, niega la existencia de las obligaciones correspondientes a OSEF ni rebate el reclamo de fondo sobre los atrasos y la falta de transferencias denunciadas desde el año pasado. Lo que cuestiona es que una ley establezca mecanismos automáticos que limiten la discrecionalidad financiera de la Tesorería provincial.

Incluso, uno de los argumentos centrales del veto sostiene que garantizar automáticamente esos fondos podría afectar otras obligaciones consideradas prioritarias como salarios, salud, educación, seguridad y asistencia alimentaria. 

El dictamen también rechaza que el Banco Tierra del Fuego pueda actuar como agente de retención automática, al sostener que carece de facultades jurisdiccionales para intervenir sobre fondos públicos provinciales. 

Además, la Secretaría Legal advirtió que excluir las cuentas de OSEF del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) pondría en riesgo el sistema de administración financiera provincial y limitaría la capacidad del Ejecutivo para manejar liquidez y recursos transitorios de caja. 

Así, detrás de los argumentos técnicos y constitucionales utilizados para justificar el veto, el Gobierno terminó admitiendo que los fondos destinados a OSEF seguirán sujetos al manejo financiero general de la Provincia y no contarán con un mecanismo automático que garantice su transferencia inmediata.