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19/05 2026

El primero de los 22 damnificado en declarar fue un hombre de apellido Arguello, un farmacéutico particular, quien conocía al fallecido imputado Daniel Belbey, señalando que lo estafaron en 300 mil pesos.

El testigo expresó que Belbey le comentó que había gente que se iba de la isla que no seguía sus planes de Vivienda, y que Carlos Córdoba le dijo que podían convocar gente.

Arguello vendió un lote en Mendoza y entregó 300 mil pesos al imputado Miguel Arana y a Belbey. Dijo que el dinero era para Córdoba, a dichos de Belbey, pero que ello no le consta. Agregó que fueron al barrio de viviendas. “Fuimos 10 veces con Arana para elegir el departamento, pero sin papeles”.

Una vez que salió el listado no se vio en la lista y buscó a Belbey, quien le negó que le hubiera entregado dinero e hizo la denuncia. A partir de ello, involucra a Córdoba en las acciones ya que empieza a llamarlo para que se reuniera con el Dr. Pintos, que era abogado de ATE. Luego lo llamó a una reunión en el gremio con 15 personas y se sintió atemorizado. Le dijo ahí como lo iban a compensar. “Fue desagradable”, declaró.

Más testimonios desde el IPV

También declaró Marta Benitez, directora del área Social del IPV, en la operatoria de las 128 Viviendas de Barrancas del Pipo.Recuerda que se rechazaron algunos postulantes por no cumplir las reglas del Instituto, y en instrucción declaró que detectaron siete casos que no eran estatales y lo comunicaron a Arana y Belbey que “estaban molestos”.

Finalmente, reconoció una nota interna de abril de 2018 de la Directora de Planificación – qué también testificará-, informando de siete postulantes que no cumplían requisitos.

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