La situación resulta increíble y muestra el grado de impunidad con que se manejan ciertos funcionarios que, a sabiendas de un accionar ilegítimo, en este caso llegó hasta a accionar judicialmente para cobrar la totalidad de un contrato nulo, de nulidad absoluta, tal cual lo definió la Justicia.
Se trata del Dr. Carlos Alberto López quien en 2018 en la gestión de Rosana Bertone asumió a la presidencia del directorio de la SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) Laboratorios Fin del Mundo.
Increíblemente en abril junto a otros dos directivos firmó un contrato de locación en el López se contrató a si mismo como Gerente General de la sociedad, por lo cual se estableció un sueldo bruto con aguinaldo, vacaciones, costes impositivos a cargo de la sociedad y finalmente un servicio de medicina prepaga de OSDE -Plan 410- para su grupo familiar. Además de ello cobraría de forma simultánea el sueldo de Presidente.
López en marzo del 2020 deja la Presidencia del laboratorio con el cambio de gestión, y en julio de ese mismo año se da de baja su contrato como Gerente General en razón de su improcedencia. Como si ya resultara descabellado contratarse como asesor de la sociedad que presidía, en 2022 López decide iniciar acciones legales dado que en el marco de ese leonino contrato la sociedad debía pagarle los 5 años de contratación completos en caso de rescisión.
Con esta sensación de impunidad desvergonzada, López acudió ante el Juzgado Civil y Comercial 2 de la ciudad de Ushuaia reclamando al Laboratorio del Fin del Mundo por “el cumplimiento de un contrato de locación de servicios que “ambas partes” celebraron”. Pedía una suma de $4.875.000 más la actualización, intereses y costas.
El vuelto
El fallo judicial del juez civil que tomó la demanda, el Dr. Gustavo González, como era de esperar distó totalmente de lo pretendido por el demandante, y terminó como un boomerang dada la respuesta desde la sociedad Laboratorios Fin del Mundo.
La sociedad estatal demandada respondió respecto de la nulidad absoluta del contrato, de López revistiendo la calidad de funcionario público contratándose a él mismo, y percibiendo dos haberes de manera simultánea, cuestión expresamente prohibida en la administración pública.
Asimismo se determinó que la función para la que López se “autocontrató” no respondía en nada al objeto social de la firma, así como también las condiciones de esa locación de servicios tampoco respondían a “condiciones de mercado” ya que por lejos era el contrato de servicios mas oneroso que había.
Como si esto fuera poco, la contratación que López usufructuó, nunca fue puesto a conocimiento de la asamblea de accionistas.
Con todos estos elementos el juez González rechazó la pretensión del demandante López y en sentido contrario lo condenó a restituir “aquellas sumas que percibió indebidamente a causa del contrato de locación de servicios cuya nulidad aquí se declara, con más los intereses que se computarán”.
Laboratorios Fin del Mundo calculó en su respuesta a la demanda que López percibió de manera indebida un total de $6.762.530,36 una suma por demás fabulosa para esos años, a lo que debe practicarse una actualización y sumar intereses.
A tal fin de se deberá practicar una pericia contable que determine el monto exacto a devolver por este ex funcionario.
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