Denunciaron abuso de autoridad y malversación de fondos en el Servicio Penitenciario

06/09 2024

Una enfermera el Servicio Penitenciario de Río Grande denunció irregularidades, lo que resultó en la suspensión de su sueldo y desplazamiento laboral. Su situación es incierta.

El abogado Andrés Álvarez y su patrocinada, la enfermera Graciela Flamenco, pusieron en el centro de la controversia un caso que desnuda serias irregularidades dentro del Servicio Penitenciario de Río Grande.

La situación comenzó con una denuncia realizada por Flamenco, quien trabajaba como personal civil en la Unidad Penitenciaria. Según Álvarez, la denuncia puede considerarse «como una estafa al erario público», ya que expuso abusos de autoridad y problemas en el manejo de fondos públicos.

Sin embargo, el efecto inmediato de esta denuncia fue devastador para Flamenco: dejó de percibir su sueldo y fue desplazada de su cargo.

Flamenco detalló que, tras denunciar las irregularidades en una «caja chica» manejada por el oficial Elvio Montenegro, el oficial fue denunciado ante la justicia, pero esta aún no ha tomado una medida concreta.

La enfermera, quien había trabajado en la institución, enfrenta graves consecuencias personales y profesionales. «Mi situación es bastante compleja», declaró Flamenco, quien explicó que ha quedado sin su salario desde febrero, pese a sus intentos por resolver la situación por vías administrativas y judiciales.

El Dr. Álvarez, quien representa a Flamenco, explicó que acudió a su estudio en marzo, presentando «una angustiante situación» tras ser desplazada de su puesto sin motivo aparente.

La denuncia fue presentada en junio por «abuso de autoridad y falta de los haberes de funcionario público». Sin embargo, la jueza Cataldo decidió archivar el caso, indicando que no había razones suficientes para una investigación.

La decisión fue apelada y la Cámara de Apelaciones dictaminó que la investigación debía continuar, pero hasta ahora no se ha recibido una respuesta clara por parte del juzgado. «La señora está indefensa», enfatizó Álvarez, señalando que la ley de protección del testigo no se está aplicando correctamente en este caso.

En sus declaraciones, Flamenco expresó su frustración ante la falta de acción de las autoridades y describió la situación como desesperante. «Sinceramente, no sé a quién recurrir», manifestó, explicando que enfrenta un «silencio administrativo» desde el inicio de su denuncia.

Según su relato, las irregularidades en la caja chica incluyen «transferencias de recargos que no aparecieron», lo que implica un manejo turbio de los fondos penitenciarios. A pesar de su denuncia y los informes presentados hace más de dos años, no ha habido avances significativos en el caso.

La falta de explicaciones por parte de Normando Ciares, director del Servicio Penitenciario, y del propio oficial Montenegro, genera más dudas en torno al caso. Ciares, quien asumió el cargo luego de los hechos denunciados, no dio respuestas concretas sobre las acciones de Montenegro ni sobre la suspensión de los haberes de Flamenco. El Dr. Álvarez subrayó que es fundamental investigar la decisión de Ciares de suspender el salario de su representada «sin motivo justificado».

Graciela Flamenco enfrenta serias dificultades a raíz de esta situación. Señaló que ha tenido que recurrir a familiares y amigos para poder cubrir sus necesidades básicas, incluidos gastos médicos. En sus declaraciones, expresó su preocupación por el impacto que este conflicto ha tenido en su vida personal y profesional, describiendo la situación como una clara injusticia. “En medio de tantos delitos, en medio de tanto abuso de poder, abuso de autoridad, ¿cómo puede ser que hoy se permita y no se pida ninguna explicación a un funcionario público?”, cuestionó.

A pesar de los obstáculos, Flamenco ha insistió en la importancia de continuar con la investigación. Aunque reconoció no estar en contra de ningún gobierno en particular, pidió que «se tome cartas en el asunto» y que se le brinde una resolución justa a su situación.

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