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“No se puede prohibir el derecho al trabajo”
Diario Prensa
18/08 2024
Polémico fallo de la magistrada Felicitas Maiztegui Marcó sobre el funcionamiento de UBER en Ushuaia.
La jueza correccional advirtió además, luego de ordenar que el Juzgado Municipal de Faltas deje sin efecto unas 30 multas confeccionadas a choferes del sistema de transporte de pasajeros contratado por plataformas digitales, que “si el Municipio quiere seguir multando que lo haga, pero yo seguiré fallando como lo he hecho”.
Luego de conocido el fallo de la jueza correccional Felicitas Maiztegui Marcó dejando sin efecto la obligación de pagar alrededor de 30 multas confeccionadas por el Municipio a choferes de UBER y declarando además inconstitucionales las ordenanzas del Concejo Deliberante Nros. 5283 y 6214, mediante las cuales se prohibe la prestación de ese servicio en las calles de Ushuaia, la magistrada se expidió al ser consultada por la prensa.
Los dichos de Maiztegui Marcó se produjeron horas después que la Municipalidad de Ushuaia advirtiera que pedirá una reconsideración del fallo ante el Juzgado a su cargo, adelantando que de no obtener el resultado esperado apelará directamente al Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Maiztegui Marcó fundamentó su sentencia, básicamente, en que “no se puede prohibir el derecho al trabajo y el consumidor tiene derecho a elegir”, a la vez que ratificó el criterio aplicado en la resolución conocida la semana pasada: “UBER no está colgada de una palmera, está insertada en Argentina como sociedad comercial. Controla la habilitación, el modelo de vehículo y antecedentes penales de los choferes”.
La titular del Juzgado Correccional de Ushuaia explicó además que “el recurso fue realizado por más de 30 personas, y tengo 20 más. Los reclamantes además de cuestionar la sentencia de la Jueza de Faltas Municipal – la abogada Silviana Oyarzún – plantearon la inconstitucionalidad de las ordenanzas aprobadas por el Concejo Deliberante. Me aboqué a eso, hice un análisis y entiendo – insistió – que no se puede prohibir el derecho al trabajo”.
Maiztegui Marcó dijo además que los fundamentos esgrimidos por el Municipio de Ushuaia, según su criterio son insuficientes: “Se limitan a decir que es una actividad no regulada, que el Municipio perderá ingresos y que está en una situación distinta de la de taxis y remises. Y no se aportan más razones para prohibir estas aplicaciones de transporte. La prohibición por la prohibición misma no corresponde a derechos constitucionales”.
En relación a las críticas que ya se han hecho oir por parte de taxistas y remiseros, que están obligados a contar con habilitación e inspecciones periódicas municipales, la entrevistada refirió que “sé que van a recurrir los taxistas, remiseros y los municipios pero hay que abrir el juego, respetándose entre todos, igual que a los derechos constitucionales. Para esto se necesita diálogo y ordenar las cosas y elegir modelos. Y se debe cumplir la Carta Orgánica, que tiene artículos que chocan con la prohibición”.
La jueza también cruzó el contenido de su fallo con el perfil turístico de la capital fueguina al sostener que “la nuestra es una ciudad turística en la que el turista tiene que ser bien recibido. Tenemos que estar a tono con los avances tecnológicos. Y así como se planteó la necesidad de la digitalización en la Administración Pública, hay que avanzar y adaptarse a los nuevos tiempos, lo que no quiere decir que no haya que establecer condiciones.
Otros municipios se han sentado y dijeron ‘¿qué hacemos con este nuevo oferente?’. Seamos realistas: ¿cuántos ciudadanos de Ushuaia toman Uber? Inclusive la plataforma no prohíbe que los taxistas y los remiseros trabajen, pero después ellos mismos se enojan si UBER funciona… Acá no es cuestión de que no trabajen más los taxis y los remises; acá hay que preguntar ¿se debe prohibir que los choferes de UBER trabajen porque no tienen posibilidad de ser habilitados?. Eso es una lisa y llana prohibición al derecho del trabajo”.
Finalmente y sobre el pedido de reconsideración ante su Juzgado y un eventual reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia, anunciada por el abogado del Municipio César Molina Olguín en los últimos días, la letrada concluyó: “La Municipalidad tendrá que tomar la decisión política de ver si esto se va a enmarcar legalmente, cómo y cuándo. Si se puede reglamentar y en qué condiciones, sin perder de vista el derecho del consumidor a la libre elección, lo que implica la libre competencia. Y si quieren recurrir veré si están legitimados para hacerlo, y será el Superior Tribunal el que tendrá que decidir. En cuanto a mi fallo abarca las 30 personas que presentaron el recurso, y tengo 20 multados más todavía. Y si el Municipio quiere seguir multando puede hacerlo, pero yo seguiré fallando como lo he hecho”.
Edición:
Diario Prensa Noticias de: Ushuaia – Tolhuin – Río grande y toda Tierra del Fuego.
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