El oficialismo busca dar impulso al paquete de seguridad

29/07 2024 El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará dar un fuerte impulso al debate del paquete de seguridad promovido por el Gobierno, ya que intentará emitir dictamen de comisión sobre el proyecto de ley antimafia y abrirá el debate referido al Régimen Penal Juvenil, donde propone una baja de imputabilidad de 16 a 13 años.

BUENOS AIRES (NA. Por Silvia Rajcher).- Tras dos semanas de receso y después de haber logrado la sanción del paquete fiscal y la ley Bases, la bancada de La Libertad Avanza (LLA), que trabaja en acuerdos con el PRO, procurará retomar la iniciativa con el tratamiento de dos expedientes que forman parte del paquete de seguridad, que fue diseñado por la ministra Patricia Bullrich junto a sus pares de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Defensa, Luis Petri.

Uno de los puntos centrales será el proyecto de ley antimafia que se analizará en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y José Núñez (PRO-Santa Fe), donde el oficialismo junto a diputados de los bloques de la UCR, Hacemos e Innovación buscará firmar el despacho, que es la luz verde para su tratamiento en el recinto de sesiones.

Para el oficialismo, que ya tiene consenso con el PRO, es clave enhebrar acuerdos con los bloques que están dispuestos a acompañar iniciativas del Gobierno como los radicales, Hacemos e Innovación, para poder construir una mayoría para emitir un dictamen y luego tener los números en el recinto de sesiones.

En cambio, Unión por la Patria (UxP) tendrá su propio despacho de comisión ya que rechaza el proyecto del oficialismo.

Esa iniciativa propone una reforma profunda del Código Penal para penalizar a todos los miembros de la banda delictiva, ya que hasta ahora se imponían las escalas de acuerdo a la participación que tuvo cada miembro en ese delito.

Y establece la aplicación de la misma pena a todos los miembros de la asociación ilícita que participen en delitos vinculados tráfico de drogas, lavado de activos, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos e intimidación pública, con condenas que oscilan de 8 a 20 años.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, dijo a la Agencia Noticias Argentinas que es fundamental poder avanzar en esta ley para combatir el crimen organizado y se mostró optimista que se pueda emitir ya que estuvieron “acercando posibilidad posiciones con otros bloques para poder incluir modificaciones, que mantengan el espíritu de la ley”.

Anticipó que habrá un borrador en los próximos días que se enviará a los bloques que incluye algunos de los cambios propuestos por legisladores de los cuales “muchos de ellos son muy enriquecedores”.

Al defender el proyecto oficialista, Rodríguez Machado dijo que se está “viviendo una situación atípica en relación al crimen organizado, ya que se realizan acciones que requieren de otro tratamiento, como es el caso de dominio de territorios, las amenazas que tienen en vilo a poblaciones enteras y a los que lo investigan, que es diferente a un delito individual, por lo cual deben su correlato en el plexo legislativo”.

Desde UxP, el diputado Ramiro Gutiérrez señaló a NA que el proyecto “no es de buena factura y no está bien hecho, porque para ser una ley antimafia tiene una enorme falencia que es que no define qué es una mafia”.

“Nosotros tenemos en el Código Penal argentino un artículo que es el 77, que establece todas las definiciones que son importantes para los jueces, entonces lo primero que debió haber contemplado es incorporar al 77 del Código Penal la definición de mafia, así que desde entrada no es una ley antimafia”, agregó.

A su vez, dijo que “es una ley que viene a introducir algunas variantes en las asociaciones ilícitas que, desde la redacción legal son muy malas”.

E insistió en que el país tiene “una buena tradición jurídica con autores que han descripto muy bien los requisitos de la asociación ilícita; tenemos buena pena para el delito de asociación ilícita, buena descripción de los jefes y de los partícipes, tenemos buena jurisprudencia. Modificarlo con una tipicidad realmente defectuosa sería romper toda esa traición y ese esfuerzo que ya está consolidado en la Argentina”.

En ese sentido, Gutiérrez apuntó que “habría que modificar todo lo que ya se ha construido en la Argentina sobre autoría y participación, que son roles que ocupa cada uno en la producción del delito, desde la ejecución a la colaboración, la instigación o la determinación, porque esta ley trae un criterio que por el solo hecho de estar vinculados o parte de la asociación, eso rompe nuestros criterios de adjudicación de la responsabilidad y la ley va a ser inconstitucional desde el día 1”.

Otro de los puntos del proyecto que el Gobierno pide que el Congreso apruebe para combatir el crimen organizado es el que crea la figura de “zona de investigación” para coordinar la tarea entre los diferentes poderes del Estado.

También plantean la extinción del dominio de los bienes de los delincuentes que sea producto de sus actividades delictivas para su inmediata transferencia al dominio del Estado nacional.

Otro tema central de la agenda de seguridad será la apertura del debate del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, donde se propone un mecanismo para lograr reinsertar al joven a la sociedad y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

El tratamiento se abrirá en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda el miércoles próximo a las 12.30 en el anexo C.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

No estará admitida “la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.

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