La polémica por los invitados VIP en la misa del Papa llegó al Congreso

La presencia de figuras del espectáculo y personalidades públicas en sectores exclusivos durante la misa del papa León XIV despertó cuestionamientos, especialmente por el contraste con los miles de fieles que aguardaron durante horas, algunos desde el día anterior, para conseguir un lugar y participar de la celebración. Las imágenes de famosos como Valeria Mazza y Yanina Latorre en espacios preferenciales alimentaron el malestar y abrieron una discusión sobre los privilegios en un acontecimiento de carácter religioso y masivo.

En medio de las repercusiones, un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados solicita convocar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno para que brinden explicaciones sobre la organización de la misa celebrada el 9 de noviembre de 2026, en inmediaciones del Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y la vigilia prevista en el mismo escenario.

El documento plantea que ambos funcionarios sean citados ante la Cámara para brindar «explicaciones detalladas» sobre el desarrollo del acontecimiento. El pedido se fundamenta en las atribuciones del cuerpo legislativo y en lo establecido por la Constitución Nacional.

Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la distribución de los espacios preferenciales y la selección de los invitados. Los diputados solicitan conocer, para cada sector del predio —VIP, preferencial, autoridades, prensa y backstage—, la «capacidad total, ubicación, cantidad de carpas y de personas efectivamente acreditadas».

Además, reclaman el «listado total» de invitados, con información sobre qué organismo o área gestionó cada convocatoria, en calidad de qué fueron invitados —funcionarios, legisladores, magistrados, representantes religiosos, empresarios, figuras del espectáculo o familiares— y qué ubicación se les asignó. También pretenden conocer los «criterios objetivos o protocolo» utilizados para seleccionar a los asistentes y qué funcionario autorizó esas decisiones.

En este punto, el proyecto pone especial atención en la presencia de personalidades del espectáculo, la moda y los medios de comunicación, así como en los acompañantes de funcionarios y legisladores. Los autores quieren saber quién gestionó esas invitaciones, cuál fue el «fundamento de interés público que la motivó» y si esas personas tuvieron alguna participación concreta en la ceremonia.

Otro de los interrogantes apunta a la distribución de los cupos entre las distintas instituciones, entre ellas el Estado Nacional, el Gobierno de la Ciudad, la Iglesia y la Nunciatura. En particular, solicitan aclarar la diferencia entre los «aproximadamente 4 mil invitados VIP estimados» en el pliego de contratación y los 250 lugares que, «según se informó», correspondían a Nación y a la Ciudad.

También reclaman explicaciones sobre la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien «manifestó públicamente no haber recibido el código QR de acceso». Los diputados piden que se informe si otras autoridades o legisladores atravesaron el mismo inconveniente.

La iniciativa legislativa no se limita a los cuestionamientos por los invitados. También busca conocer cuánto dinero demandó la organización de la misa y la vigilia, mediante un pedido de información sobre el «costo total, estimado y definitivo» de ambos acontecimientos, con el correspondiente desglose por rubros, proveedores, partidas presupuestarias y fuentes de financiamiento.

En particular, pone la lupa sobre la contratación de la organización integral del evento, adjudicada a DF Entertainment por $8.690.000.000. El proyecto reclama conocer los criterios de evaluación y adjudicación, además de un «análisis de conflictos de intereses», al señalar que la empresa «integra el grupo que administra el estadio Luna Park en virtud de un vínculo con el Arzobispado de Buenos Aires».

Asimismo, exige precisiones sobre las seis contrataciones vinculadas con el acontecimiento, sus montos, los oferentes y los fundamentos «de la urgencia y del procedimiento de excepción». En ese sentido, los legisladores cuestionan «por qué no se recurrió a procedimientos competitivos habiendo sido la visita anunciada con meses de anticipación».

Otro apartado está dedicado a los servicios destinados a los sectores exclusivos. El documento consulta por el denominado «Catering VIP» previsto en el pliego y por cualquier otro servicio de comida y bebida contratado para la jornada. Solicita conocer la cantidad de prestaciones previstas y efectivamente realizadas, los menús, los costos y la cantidad de personas atendidas según cada categoría.

El pedido también incluye información sobre carpas, mobiliario, sanitarios, traslados internos —«carros eléctricos, cuatriciclos, monopatines y vehículos»—, acomodadores, seguridad privada y «obsequios o kits entregados» a los asistentes.

Finalmente, los diputados buscan determinar quiénes financiaron cada uno de esos servicios. Para ello, solicitan identificar qué gastos fueron afrontados por el Tesoro Nacional, el Gobierno de la Ciudad, la Iglesia o mediante aportes privados.

En caso de existir contribuciones particulares, requieren conocer quiénes fueron los aportantes, los montos involucrados y las eventuales contraprestaciones. También preguntan si esas personas o sus allegados «recibieron invitaciones o ubicaciones preferenciales» y si esos aportes resultan compatibles con la normativa de ética pública.

De esta manera, la polémica por los sectores VIP, las invitaciones a figuras públicas y los servicios exclusivos se trasladó al ámbito legislativo. Mientras miles de personas hicieron largas filas y acamparon desde la jornada anterior para participar de la misa de León XIV, el proyecto busca esclarecer quiénes accedieron a los espacios privilegiados, bajo qué criterios y cuánto dinero público se destinó a la organización.