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17/11 2026

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó este martes 17 de noviembre la Ley de Financiamiento Educativo, impulsada por el gobierno de Gustavo Melella y por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). La sanción se concretó gracias al voto doble de la legisladora Victoria Vuoto, quien ejercía circunstancialmente la presidencia del cuerpo y permitió resolver una votación que había concluido empatada.

La definición llegó después de varias semanas de controversias políticas, negociaciones y reclamos gremiales en torno a una iniciativa destinada a incorporar recursos adicionales al sistema educativo provincial.

El resultado de la votación fue de siete legisladores a favor y siete en contra. La ausencia de Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos), motivada por problemas de salud de un familiar, resultó determinante para configurar esa paridad.

Por la afirmativa votaron Juan Carlos Pino, Victoria Vuoto, Tomás García, Myriam Martínez, Federico Greve, Gisela Dos Santos y Laura Colazo. En sentido contrario se pronunciaron Damián Löffler, Pablo Villegas, Tomás Lapadula, Natalia Graciania, Luciano Selzer, Jorge Lechman y Federico Sciurano.

Ante la igualdad, Vuoto hizo uso de la atribución correspondiente a quien ejerce la presidencia legislativa y emitió el voto decisivo que permitió convertir el proyecto en ley.

La nueva normativa establece un esquema extraordinario de financiamiento destinado a fortalecer los recursos disponibles para salarios docentes, mantenimiento de establecimientos, infraestructura y funcionamiento del sistema educativo público.

Entre sus principales fuentes de recaudación contempla una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre la distribución de gas realizada por Camuzzi. De esos ingresos, el 40% se destinará a infraestructura educativa y el 60% a obras de gas.

También incorpora un adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco Tierra del Fuego, con prohibición expresa de trasladar ese costo a sus clientes. Asimismo, prevé asignar hasta el 40% de los recursos adicionales derivados de modificaciones al Impuesto Inmobiliario Rural.

La legislación tiene carácter transitorio, con vigencia inicial de un año y posibilidad de prórroga, mientras se elabora un régimen permanente.

Además, dispone que los nuevos ingresos se sumen a las partidas presupuestarias existentes y crea un Observatorio de Financiamiento Educativo, con participación institucional y de trabajadores, para supervisar la recaudación, distribución y utilización de los fondos.

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