Díaz: “Hay una decisión política de ahogar económicamente a Río Grande”

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, atribuyó a una decisión deliberada del Ejecutivo provincial la retención de recursos municipales y confirmó que avanzarán con una presentación judicial si persisten los incumplimientos. Según explicó, la deuda acumulada alcanza los $18.000 millones y las transferencias previstas para esta semana presentan una nueva reducción, del 25%.

Durante una rueda de prensa, el funcionario sostuvo que las dificultades financieras municipales están vinculadas “a una decisión política que ha tomado el Gobierno de la provincia de no enviar a Río Grande los recursos que le corresponden”, pese al tratamiento igualitario que, según indicó, las autoridades provinciales aseguran brindar a los municipios.

La evolución de la deuda constituye, para Díaz, una evidencia de esa situación. Recordó que inicialmente se reclamaban $16.000 millones, posteriormente $17.000 millones y actualmente $18.000 millones, mientras que el cronograma recibido anticipa otra disminución: “Nuevamente va a haber un 25% menos de lo que nos corresponde”.

Ante este escenario, explicó que el Municipio ya intimó mediante carta documento al tesorero y al contador provinciales, por sus responsabilidades constitucionales en la administración financiera. La advertencia incluye la posibilidad de formular una denuncia penal.

Respecto de los próximos pasos, precisó que la decisión dependerá del cumplimiento efectivo de las transferencias anunciadas. Si se concreta el recorte previsto, afirmó, “no tenemos otra herramienta más que hacer una presentación judicial que no tiene que ver con la cuestión política”, y aclaró que Asesoría Letrada fundamentará el reclamo sobre la titularidad municipal de esos fondos.

Las consecuencias económicas ya afectan el funcionamiento administrativo. Díaz reconoció que los salarios pudieron abonarse con dificultades, postergando compromisos con proveedores, y advirtió que “seriamente está en riesgo el pago de aguinaldo y premio vacacional”.

También vinculó el conflicto con las perspectivas electorales de 2027, al considerar que “hay una preferencia política, electoral”, aunque insistió en que la prioridad municipal continúa siendo garantizar los servicios.

En ese contexto, mencionó dificultades para sostener prestaciones esenciales, desde la potabilización del agua hasta el transporte público y la recolección de residuos, cuyo servicio fue abonado parcialmente el mes pasado.

Finalmente, responsabilizó al gobernador Gustavo Melella por “esa decisión política que ha tomado de ahogar económicamente a Río Grande”, y reiteró que el Municipio agotará las instancias administrativas y judiciales necesarias para recuperar los recursos reclamados.