Contrapunto entre Bogado y Runin por los fondos municipales

Una particular controversia política quedó expuesta en el Concejo Deliberante de Río Grande en el marco del debate del Presupuesto 2027. Los concejales Jonatan Bogado, de Provincia Grande, y Federico Runin, de FORJA, protagonizaron un contrapunto mediático sobre las responsabilidades institucionales frente a la deuda de coparticipación que el Municipio reclama al Gobierno provincial, cercana a los $18 mil millones.

La discusión adquirió una dimensión política cuando Bogado respondió a los planteos de Runin, quien había reclamado explicaciones sobre las cuentas municipales, pero sin formular un requerimiento equivalente al gobernador Gustavo Melella por los fondos pendientes de transferencia.

Runin había señalado diferencias entre los $107.000 millones de coparticipación informados por el Municipio y los aproximadamente $109.000 millones registrados en el Portal Transparente provincial. También solicitó precisiones sobre una diferencia cercana a $6.000 millones en la ejecución presupuestaria y las deudas municipales con OSEF y la Caja de Previsión Social.

“La coparticipación es un tema fundamental para Río Grande, pero esa discusión no puede tapar el análisis de cómo se administran los recursos municipales. El Intendente es el principal responsable de lo que hace su gestión, pero también de lo que no hace o deja de hacer”, expresó Runin.

La respuesta de Bogado trasladó el contrapunto hacia las obligaciones del Ejecutivo provincial y el papel de los representantes municipales frente al conflicto financiero.

“¿Qué hizo Melella con la plata de Río Grande? Necesitamos transparencia”, planteó el edil de Provincia Grande, quien consideró que su colega estaba desplazando el centro de la discusión.

“Runin debería ayudarnos a responder por qué el Gobierno de la Provincia retiene miles de millones de pesos que son de los riograndenses. Como concejales de esta ciudad, nuestra primera responsabilidad es defender los intereses de nuestros vecinos, no justificar las decisiones de un gobierno provincial que incumple sus obligaciones legales”, expresó.

Bogado aclaró que el control de las cuentas municipales constituye una responsabilidad institucional legítima, aunque sostuvo que esa tarea debe complementarse con la exigencia de cumplimiento de las transferencias provinciales.

“Podemos discutir, pedir informes y controlar cada peso que administra el Municipio. Eso es parte de nuestra responsabilidad institucional. Pero también debemos exigir que la Provincia cumpla con sus obligaciones. Esta retención indebida e ilegal afecta la autonomía municipal y limita la capacidad de dar respuestas a nuestra comunidad”, agregó.

El intercambio dejó planteadas dos prioridades diferentes: Runin concentró sus requerimientos en la administración municipal, mientras Bogado puso el acento en la deuda provincial y en la necesidad de reclamar explicaciones al gobernador.

La controversia también introdujo el debate sobre los límites entre la pertenencia partidaria y la representación institucional. Bogado sintetizó su posición con una advertencia dirigida a su par: “Los vecinos nos eligieron para representarlos y defender sus derechos, no para convertirnos en voceros de un gobierno que perjudica a nuestra ciudad. La transparencia se exige en todos los niveles del Estado y el cumplimiento de la ley también. Los recursos de Río Grande tienen que estar en Río Grande”.