Lo anunció el presidente del organismo, Maurice Kamga, quien determinará el próximo 28 de noviembre si el proyecto puede continuar o si deberá detenerse mientras se constituye el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que deberá resolver la controversia de fondo.
En las audicencias, la delegación argentina pidió que el Reino Unido suspenda las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de Sea Lion; que se abstenga de utilizar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
Argentina sostiene que el Tribunal del Mar puede implementar medidas de protección sin tener que pronunciarse sobre la soberanía de las islas. Además, alertó sobre riesgos ambientales propios de la explotación, que contempla la perforación de 26 pozos, instalaciones submarinas y hasta 30 años de actividad.
Por su parte, el Reino Unido rechazó el pedido, cuestionó la competencia del organismo y manifestó que los argumentos argentinos están vinculados con la disputa de soberanía, que no se acreditó un daño inminente y que el Tribunal Arbitral podría intervenir antes del comienzo de las perforaciones, previsto para el 21 de marzo de 2027.
La decisión del 28 de noviembre será determinante para el futuro inmediato de Sea Lion y establecerá si las actividades de explotación deberán suspenderse mientras continúa el proceso internacional.
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