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10/11 2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso de 250 lugares reservados durante la misa del papa León XIV y decidió no revelar su lista de invitados, según informó El Destape tras consultar a las autoridades porteñas. La decisión se conoció en medio de los cuestionamientos por la presencia de celebridades, empresarios y funcionarios en sectores preferenciales, y por la instalación de una carpa con catering.

La celebración se realizó el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Mientras miles de fieles siguieron la ceremonia a la intemperie, personalidades como Pampita, Valeria Mazza y Yanina Latorre ocuparon ubicaciones privilegiadas. Las imágenes difundidas por asistentes también mostraron una carpa especialmente acondicionada para invitados.

La controversia abrió preguntas que van más allá de la existencia de espacios protocolares: quién decidió las invitaciones, con qué criterios se distribuyeron los lugares y quién financió los servicios especiales.

Las invitaciones y las explicaciones de Jorge Macri

Según la información publicada por El Destape, los 250 lugares asignados al Gobierno porteño estaban destinados a funcionarios, familiares e invitados especiales. Ante la consulta sobre si ese cupo incluía celebridades, desde la Ciudad respondieron que habían decidido no informar la nómina.

El Gobierno nacional y la Iglesia también participaron de la distribución de invitaciones. Desde Prensa de Casa Rosada, según consignó Página/12, señalaron que Presidencia había cursado invitaciones VIP, pero no precisaron los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.

Este martes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la controversia en una entrevista con Radio Mitre. Defendió la necesidad de instalar carpas para recibir a autoridades, integrantes de la Iglesia y trabajadores que debían permanecer varias horas en el lugar.

En cuanto al catering, reconoció que «las medialunas y los budines estuvieron de más» y sostuvo que habría alcanzado con ofrecer agua y café. También rechazó que las instalaciones constituyeran un lujo descomunal.

Sin embargo, sus declaraciones no identificaron a los responsables de seleccionar a las celebridades, los criterios de acceso ni el financiamiento de los servicios destinados a los invitados preferenciales. La respuesta de Macri se concentró en justificar la existencia de espacios de recepción y cuestionar parte de la atención gastronómica.

Una contratación de $8.690 millones y un pedido de informes

La organización de la misa y de una vigilia de jóvenes incluyó una contratación del Estado nacional adjudicada a DF Entertainment S.A. por $8.690 millones para servicios de producción y coordinación general, según consta en el portal oficial COMPR.AR.

El procedimiento, identificado como 79-0012-CDI26, se realizó mediante contratación directa por urgencia. Fueron convocados tres proveedores y se confirmó una sola oferta. La adjudicación se formalizó el 23 de octubre y la orden de compra quedó perfeccionada el 26.

Según la documentación contractual examinada por Letra P, el servicio adjudicado incluía carpas para invitados, catering VIP y personal destinado a los sectores preferenciales, además de otras prestaciones necesarias para la organización.

Sin embargo, el importe corresponde a un contrato integral y no detalla cuánto costó específicamente cada servicio VIP ni cuánto se pagó efectivamente por esas prestaciones. Las fuentes examinadas tampoco esclarecen si la Ciudad, la Iglesia o aportantes privados financiaron otros gastos de los sectores reservados.

En este contexto, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para solicitar explicaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno.

La iniciativa reclama conocer la nómina completa de invitados, quién autorizó cada acceso preferencial y qué criterios justificaron esas decisiones. También solicita un desglose de los gastos en catering, carpas, mobiliario, seguridad y otros servicios, junto con la identificación de los organismos o particulares que los financiaron.

El proyecto incluye pedidos de información sobre las contrataciones realizadas, los proveedores seleccionados y los fundamentos utilizados para recurrir a procedimientos de contratación directa.

La presentación parlamentaria busca así obtener respuestas que las explicaciones públicas conocidas hasta este martes no proporcionaron: quiénes recibieron los accesos privilegiados, quiénes tomaron esas decisiones y con qué recursos se financiaron los servicios especiales.

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