El presidente de FEDECATUR expresó su preocupación por las consecuencias del conflicto portuario en Ushuaia. Advirtió sobre los riesgos para la continuidad de los cruceros y reclamó diálogo entre las partes involucradas.
El conflicto que atraviesa el intervenido puerto de Ushuaia genera creciente preocupación entre los representantes del sector turístico, especialmente por las consecuencias que las interrupciones operativas podrían tener sobre las decisiones futuras de las compañías de cruceros. Desde la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), su presidente, Ángel Brisighelli, advirtió que la continuidad de estas situaciones amenaza una actividad fundamental para la economía fueguina.
En radio Aire Libre, explicó que una reunión mantenida con el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, tuvo como propósito analizar “cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de maniobras en las decisiones de los cruceros sobre la conveniencia o no de seguir operando en el puerto de Ushuaia de aquí a futuro”.
La preocupación se profundizó después de los inconvenientes registrados el sábado, cuando una interrupción de las operaciones comprometió las conexiones aéreas de pasajeros que debían abandonar la ciudad. Brisighelli recordó que había tres vuelos chárter involucrados y que uno estuvo particularmente comprometido por la demora en levantar el corte.
Aunque finalmente pudieron concretarse los traslados, advirtió sobre las restricciones operativas de las aerolíneas y sus tripulaciones, que podrían impedir la salida de pasajeros y afectar sus conexiones internacionales.
Respecto de las responsabilidades, el dirigente aclaró: “No estamos apoyando a todos los movimientos que están haciendo para sabotear la operación portuaria, tampoco estamos apoyando a la ANPyN, no estamos tomando parte por ninguno de los dos”.
Su principal diferencia con las medidas de protesta radica en sus destinatarios. Según explicó, las compañías de cruceros son usuarias de la terminal, ajenas a las decisiones institucionales que originaron el conflicto. Por eso, consideró que perjudicar sus operaciones resulta contraproducente: “Lo único que va a hacer es dañar la industria del turismo en Tierra del Fuego”.
Brisighelli insistió en que la solución requiere negociaciones entre las autoridades provinciales y nacionales, sin trasladar las consecuencias a terceros. En ese sentido, sostuvo que “es un problema político y los problemas políticos se solucionan conversando”, y reiteró la disposición de las cámaras a mantener reuniones con trabajadores y sindicatos, siempre que existan condiciones adecuadas para un intercambio constructivo.
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