Sea Lion: La jueza Borruto limitó la intervención fueguina y rechazó sumar a Nación

30/10 2026

Tierra del Fuego podrá participar en la causa ambiental contra las petroleras que impulsan el proyecto Sea Lion, en aguas próximas a Malvinas, aunque con límites expresos. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, admitió la intervención provincial, pero sin las facultades de una parte principal que pretendía la Fiscalía de Estado. Además, rechazó su pedido de incorporar al Estado nacional al expediente.

La resolución, firmada el 27 de octubre, establece que la Provincia actuará de manera “accesoria y subordinada” a las asociaciones que promovieron la demanda. Podrá aportar argumentos y pruebas, pero no ampliar el reclamo ni introducir pretensiones propias. También deberá aceptar el estado actual del proceso, sin retrotraer etapas ni suspender su avance.

El expediente fue iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, promotoras del desarrollo petrolero.

Una incorporación con límites

La Fiscalía de Estado había solicitado ingresar con las mismas facultades procesales que una parte principal. Borruto reconoció el interés institucional y ambiental de Tierra del Fuego, así como las atribuciones que invoca sobre su territorio y sus recursos naturales, pero consideró que esos fundamentos no bastaban para otorgarle ese carácter.

Según el resolutorio al que tuvo acceso radiofueguina.com, la jueza señaló que la Provincia comparte el propósito preventivo de las asociaciones y reservó para otras vías sus eventuales reclamos patrimoniales, indemnizaciones y cuestiones relativas a la titularidad y aprovechamiento de los recursos. Por eso, entendió que no presentó dentro de esta causa una posición diferenciada que requiriera actuación independiente.

La participación provincial será efectiva, aunque circunscripta al objeto ambiental ya planteado. El fallo aclara que este encuadre responde a la presentación concreta y no establece una restricción general para otras causas.

Nación queda fuera del expediente

Borruto también rechazó convocar al Estado nacional como parte o tercero, una petición de la Fiscalía a la que se opusieron las asociaciones demandantes.

Según la resolución, no se acreditó una necesidad procesal concreta que justificara incorporarlo. La existencia de competencias nacionales vinculadas con el emprendimiento no obliga, por sí sola, a convertir al Estado nacional en participante del juicio.

El juzgado recordó que ya requirió informes a organismos nacionales de Ambiente, Energía y Cancillería. Esa colaboración institucional permite reunir información sin incorporarlos como sujetos procesales. El rechazo podrá revisarse si aparecen nuevos elementos que justifiquen la convocatoria.

La cautelar continúa vigente

Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera en el Atlántico Sur impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas. La cautelar del 16 de septiembre les prohíbe iniciar o continuar las obras comprendidas en la medida hasta que se concrete una evaluación ambiental ante la autoridad argentina competente.

La nueva resolución no levanta esa protección. Borruto indicó que todavía no se completaron los pasos previstos para revisarla: incorporar los informes solicitados y producir la intervención de las demandadas.

Tampoco aceptó agregar ahora las condiciones de revisión propuestas por la Fiscalía ni exigir, en esta instancia, documentación sobre seguros y garantías ambientales. Ambos planteos quedaron sujetos a una eventual evaluación posterior

Jueza Federal de Río Grande, Mariel Ester Borruto.

¿Qué implica para Tierra del Fuego la decisión de la jueza Borruto?

La resolución de la jueza federal Mariel Borruto representa un reconocimiento del interés legítimo de Tierra del Fuego en la causa ambiental contra las petroleras que impulsan el proyecto Sea Lion, pero también establece límites importantes a la capacidad de intervención del Gobierno provincial.

Las principales consecuencias jurídicas y políticas pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. La Provincia fue aceptada, pero no como protagonista del juicio. La jueza reconoció su interés institucional y ambiental, aunque rechazó otorgarle las mismas facultades que tienen las asociaciones que iniciaron la demanda. Tierra del Fuego podrá participar, pero en una posición secundaria.

2. No podrá modificar ni ampliar la demanda original. La Fiscalía de Estado deberá limitar sus intervenciones al objeto ambiental planteado por el CECIM y la Asociación de Abogados Ambientalistas. No podrá introducir nuevos reclamos ni cambiar el rumbo del proceso por iniciativa propia.

3. Su participación estará subordinada a las organizaciones demandantes. Podrá presentar argumentos, acompañar pruebas y respaldar las pretensiones existentes, pero sin asumir la conducción del litigio. Esto reduce su autonomía procesal dentro del expediente.

4. Los reclamos por los recursos naturales quedan fuera de esta causa. La resolución distingue entre la protección ambiental y las eventuales pretensiones provinciales sobre la explotación de hidrocarburos. Los planteos relacionados con derechos patrimoniales, compensaciones económicas o aprovechamiento de recursos deberán tramitar por otras vías.

5. La jueza no desconoció los derechos que invoca Tierra del Fuego sobre Malvinas. La decisión no resuelve la cuestión de fondo sobre la soberanía ni determina la titularidad de los recursos. Se limita a establecer qué puede reclamar la Provincia y con qué facultades dentro de este expediente ambiental.

6. Tierra del Fuego deberá aceptar el juicio en el estado en que se encuentra. Su incorporación no habilita a revisar actuaciones anteriores, repetir procedimientos ni demorar el avance de la causa. La Provincia ingresa con las decisiones judiciales ya adoptadas.

7. El rechazo a incorporar al Estado nacional limita la estrategia de la Fiscalía. Borruto consideró que no existen razones procesales suficientes para convocar a Nación como parte o tercero. De esta manera, desestimó otro de los planteos provinciales, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo si aparecen nuevos fundamentos.

8. La participación nacional no queda completamente descartada. Los organismos nacionales pueden continuar aportando informes y documentación requerida por el juzgado, sin convertirse en partes del proceso. La distinción es importante: colaborar con la Justicia no implica adquirir facultades para intervenir directamente en el litigio.

9. La medida cautelar contra las petroleras continúa vigente. La resolución no modifica la prohibición judicial de avanzar con las actividades comprendidas en la cautelar. La situación de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum permanece condicionada a las exigencias ambientales establecidas por la Justicia argentina.

10. El resultado tiene una doble lectura política para el Gobierno provincial. Por un lado, Tierra del Fuego consiguió ingresar formalmente en una causa relacionada con actividades petroleras que considera vinculadas a su territorio y sus recursos. Por otro, la Justicia rechazó la amplitud de intervención solicitada por la Fiscalía de Estado y le impuso una función subordinada a la iniciativa de organizaciones civiles.

La cuestión central

Tierra del Fuego consiguió un lugar en el expediente, pero no el que había solicitado. La Provincia podrá defender la posición ambiental que comparte con los demandantes, aunque sin dirigir el proceso, ampliar su objeto ni incorporar por ahora al Estado nacional.

La resolución tampoco significa una derrota judicial sobre la soberanía o los derechos provinciales sobre los recursos de Malvinas: esas cuestiones no fueron resueltas en este pronunciamiento.

En términos prácticos, Borruto reconoció el interés fueguino, pero limitó su protagonismo judicial. Y esa diferencia constituye el aspecto más relevante de su decisión desde la perspectiva política e institucional de Tierra del Fuego.

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