Río Grande reclama $17.000 millones de coparticipación que no llegan a tiempo

20/10 2026

Para Río Grande, el problema no se limita a cuánto dinero debe recibir, sino a cuándo puede disponer de él. El Municipio reclama cerca de 17.000 millones de pesos de coparticipación y advierte que las demoras en las transferencias provinciales complican la organización de los gastos, los compromisos con proveedores y el sostenimiento de los servicios de la ciudad.

El subsecretario de Finanzas municipal, Nicolás Giordano, denunció que algunos fondos acumulan atrasos de hasta 60 días y que los plazos se siguen extendiendo. El funcionario advirtió que esta situación desarma las previsiones económicas del Municipio y dificulta planificar las obligaciones que debe afrontar.

El impacto adquiere especial importancia porque la coparticipación representa alrededor del 80% del financiamiento municipal previsto para 2027. A ello se suma el contexto económico y social de Río Grande, donde la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades de numerosas familias aumentan, según expuso el Ejecutivo municipal, la demanda de atención en salud, asistencia social y otros servicios esenciales.

La Provincia reconoció las demoras, pero el problema persiste

Los atrasos ya habían sido reconocidos por el gobernador Gustavo Melella en marzo. En aquel momento los atribuyó a la caída de los ingresos nacionales y provinciales y aseguró que el Ministerio de Economía trabajaba para reducir los tiempos de transferencia.

La discusión también tuvo una respuesta legislativa. A fines de abril, la Legislatura aprobó un mecanismo para que los recursos de coparticipación fueran transferidos automáticamente a los municipios. Sin embargo, Melella vetó la iniciativa el 15 de mayo, al considerar que el sistema afectaba competencias del Ejecutivo en la administración de los fondos provinciales.

Días después, el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, también admitió demoras, aunque las atribuyó a procedimientos administrativos. Sostuvo que los municipios recibían recursos diariamente, negó que existiera una retención intencionada y anunció que la Provincia agilizaría los procesos de transferencia.

En junio, el Ministerio de Economía comunicó que había reducido los plazos administrativos. Sin embargo, el nuevo reclamo de Río Grande muestra que, desde la perspectiva municipal, aquellas mejoras no alcanzaron para resolver los atrasos.

La situación volvió a llegar al Concejo Deliberante. Su presidenta, Guadalupe Zamora, y el concejal Matías Löffler impulsaron un proyecto para solicitar una conciliación de las cuentas entre el Municipio y la Provincia, además de un cronograma para regularizar los fondos efectivamente adeudados.

Una ciudad con menos recursos y mayores exigencias

Las demoras encuentran a Río Grande en una situación económica particularmente difícil. Mientras Ushuaia cuenta con una actividad turística que genera movimiento comercial y empleo, la economía riograndense atraviesa las consecuencias de la caída del consumo y la pérdida de puestos de trabajo industriales. A esto se suman la reducción de recursos nacionales y la retracción de la obra pública que viene denunciando el Municipio.

Las diferencias también se observan en las inversiones y los servicios públicos. Mientras la Nación abrió recientemente una licitación para construir el muelle de la Base Naval Integrada de Ushuaia, Río Grande enfrenta la retracción de la obra pública nacional que viene denunciando el intendente Martín Perez.

Río Grande también debe afrontar directamente servicios esenciales como la producción y distribución de agua potable, para la que proyecta destinar $4.500 millones en 2027. En Ushuaia, esas tareas corresponden a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. El suministro eléctrico también presenta una diferencia institucional: en Río Grande está a cargo de la Cooperativa Eléctrica, mientras que en Ushuaia lo presta la Dirección Provincial de Energía. El Municipio riograndense, además, debe afrontar el consumo eléctrico de sus instalaciones y espacios públicos.

Estas diferencias adquieren mayor importancia cuando los recursos disponibles disminuyen y las necesidades sociales aumentan. Según advierte el Municipio, las transferencias fuera de término no representan solamente un problema financiero: dificultan la planificación de los servicios que necesitan los vecinos de Río Grande.

Después de meses de atrasos reconocidos y anuncios de mejoras, el reclamo sigue abierto. La nueva iniciativa del Concejo Deliberante busca obtener una respuesta concreta de la Provincia, con montos determinados y un cronograma de regularización que permita a Río Grande disponer oportunamente de los fondos que le corresponden.

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