Perez garantizó los salarios pese a la deuda provincial

El intendente de Río Grande, Martín Perez, llevó tranquilidad a los trabajadores municipales al garantizar el pago de sus haberes, pese al agravamiento de la deuda que el Gobierno provincial mantiene con el Municipio por fondos de coparticipación. Sin embargo, reconoció que la incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos dificulta cualquier negociación destinada a mejorar los salarios.

Durante una rueda de prensa, el jefe comunal fue categórico respecto de las obligaciones salariales: “No va a haber ningún problema con los haberes. Que nadie venga acá a querer meter miedo”, aunque inmediatamente distinguió esa garantía de las dificultades para proyectar incrementos en las remuneraciones.

La principal complicación radica en la falta de previsibilidad de las transferencias provinciales. Según explicó, esta situación ya fue conversada con los representantes sindicales y condiciona las posibilidades de negociación: “¿Cómo vamos a hacer para proyectar un aumento salarial con las organizaciones si no sabemos si hoy o mañana nos mandan un peso, dos, diez o cien?”.

Perez reconoció que la disminución de ingresos afecta al conjunto de la administración provincial, pero estableció una diferencia entre esa circunstancia y el reparto de los fondos efectivamente recibidos. “Sabemos que la provincia ha recibido menos recursos. Eso no se discute”, señaló, para precisar posteriormente: “Lo que decimos es que de esos recursos que se recibieron han distribuido menos de los que corresponden a Río Grande”.

El deterioro financiero quedó reflejado en la evolución de la deuda, que aumentó considerablemente durante las últimas semanas. El intendente detalló que “no se ha achicado la deuda. Al contrario, desde que fui al Concejo Deliberante hasta ahora, la deuda se ha incrementado en $2.000 millones”, y confirmó que el monto pasó de $16.000 a $18.000 millones.

Más allá de los compromisos salariales, la preocupación municipal comprende el sostenimiento de servicios esenciales. El transporte público subsidiado, la potabilización del agua, la limpieza urbana, la atención sanitaria y las políticas de cuidados dependen de recursos cuya transferencia considera insuficiente.

Frente a quienes interpretan el reclamo como una disputa política, Perez sostuvo que “no invalida que nosotros, como institución municipal, tengamos que reclamar lo que nos corresponde”, porque esos fondos permiten financiar prestaciones destinadas directamente a los vecinos.

La situación motivó una reunión entre funcionarios municipales, concejales y representantes de los organismos de control, con el propósito de evaluar sus consecuencias institucionales y las medidas necesarias para reclamar la regularización.

Aunque reiteró su disposición a dialogar con el gobernador, el intendente insistió en que la solución corresponde al Ejecutivo provincial. “Lo que debería pasar es que se normalice la situación de distribución de recursos”, expresó, antes de concluir que no debería resultar necesario profundizar el conflicto para obtener las transferencias establecidas por ley.