«Los recursos no están llegando»: el impacto de la deuda de Provincia en Río Grande

El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, cuestionó al Gobierno provincial por la deuda de coparticipación con el Municipio, que ya supera los 17.000 millones de pesos, y advirtió que la falta de fondos golpea la asistencia social, la salud, la obra pública y las paritarias de los trabajadores municipales. Además, reclamó que la Legislatura retome el tratamiento de la ley de goteo.

El funcionario detalló que «la deuda provincial pasó de $16.000 millones, cuando el intendente Martín Pérez presentó el presupuesto municipal ante el Concejo Deliberante, a más de 17.000 millones en la actualidad». Para Díaz, detrás de la demora hay una intención: «la decisión política de la Provincia de ahogar financieramente al pueblo de Río Grande». Asimismo, aclaró que el reclamo no se relaciona con la caída de la coparticipación nacional, ya que «estamos reclamando que, además de que se mandan menos recursos desde Nación por la caída del consumo, sobre lo que ya recibió la Provincia existen 40, 45 días de atraso».

Sobre lo que pide el Municipio, planteó: «no digo que mañana tenga que resolver los 17.000 millones, pero, a ver, por lo menos achicar a 25 días de atraso. Hoy estamos en más de 40 días». Mencionó también que las liquidaciones definitivas acumulan demoras de más de 60 días. Recordó que hace unos tres meses los secretarios de Finanzas se reunieron con el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y se acordó un cronograma, aunque cuestionó que «presentaron un cronograma de transferencia, pero no que achique los días de atraso, incluso han crecido». En esta misma línea, resaltó que existe un «diálogo de parte del intendente con el gobernador, de nuestra secretaria de Finanzas con el ministro de Economía», al tiempo que remarcó que «lo que no existen son las transferencias de fondos».

El impacto, según explicó, se siente primero en lo social, remarcando que el Municipio se vuelve «el primer resorte de contención de aquella gente que la está pasando mal». Asimismo, señaló que quienes pierden el empleo suelen quedarse sin obra social y recurren a los 15 dispositivos de salud municipales. A ello, se suman los pedidos diarios de subsidios, módulos alimentarios, pasajes y asistencia a comedores, y lamentó que, «cuando se retacean estos fondos de la Provincia al Municipio, lo que nos impide es poder dar una mayor contención social a los que la están pasando mal».

La falta de liquidez también frenó la discusión salarial. Díaz contó que, aunque el presupuesto contempla una mejora, «en términos económicos, es decir, de liquidez, de recursos, no los tenemos», por lo que debió informarles a los gremios que «no puedo entrar en una discusión de mejora salarial absolutamente necesaria para los trabajadores municipales de Río Grande, porque los recursos no están llegando».

Al comparar con Ushuaia, el secretario habló de un trato desigual y puso como ejemplo un convenio por 20.000 millones de pesos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva destinado a la capital provincial. En la visión del Secretario de Gobierno de Río Grande, existe «de parte del Gobierno un trato desigual con Ushuaia y Río Grande». Tras visitar la capital fueguina el fin de semana, relató que el movimiento en los comercios y gastronomías de Ushuaia, a comparación de Río Grande «es totalmente distinto». Es por ello que recordó además que cuando Gustavo Melella era intendente de la ciudad, y Oscar Bahamonde el secretario de Finanzas municipal, cuestionaban demoras similares.

En cuanto a las responsabilidades, sostuvo que «tenemos responsabilidades los funcionarios porque somos servidores públicos» y apuntó a los ministros provinciales, que «tienen que apretar el botón para que ese dinero que ya recibieron destinado a Río Grande lleguen a la ciudad, y eso no está sucediendo». Mencionó los artículos 188 y 69 de la Constitución provincial y aclaró que «no estamos pidiendo que alguien se aparte de lo que establece la Constitución».

Por último, el Secretario de Gobierno del Municipio, resaltó que el conflicto va más allá de lo personal hacia Martín Perez «porque es el intendente de la ciudad», sino que es un impacto negativo que «se le está haciendo a los vecinos de Río Grande.