«Los privados no deben solucionar solos el problema educativo»

El legislador Pablo Villegas cuestionó el proyecto de financiamiento educativo por considerar que traslada nuevos costos a usuarios, empresas y municipios. Defendió su intento de quitarle el trámite de urgencia al proyecto enviado por el Ejecutivo, una moción que perdió por ocho votos contra siete.

“La solución a los problemas financieros de la provincia no pasa por tirarle al sector privado aumentos de impuestos o crear nuevos impuestos”, sostuvo, y planteó que antes de buscar nuevas fuentes debe conocerse cómo se administran los recursos que ya recibe Educación.

Villegas reconoció que el reclamo salarial docente es legítimo y que los ingresos están deteriorados, pero reclamó una evaluación previa del sistema. “Primero empecemos por ver qué afectación se les da a los recursos existentes, a cuánto ascienden, cómo se administran y si se afectan en su totalidad al Ministerio de Educación”, señaló.

El proyecto mantiene el trámite de urgencia y comenzó a ser analizado en comisión. La iniciativa crea un fondo específico y prevé nuevas fuentes tributarias. Villegas cuestionó especialmente las cargas sobre actividades del Banco de Tierra del Fuego y la distribución de gas porque, según su análisis, terminarán trasladándose a los clientes. “Se lo va a trasladar al usuario, al consumidor, y terminamos perjudicando a la gente”, advirtió.

También reclamó conocer cuánto dinero recaudaría efectivamente el esquema y cuál sería el impacto sobre los municipios. Señaló que parte de los recursos dejaría de integrar la distribución habitual de coparticipación y remarcó que todavía no cuenta con datos que permitan dimensionar el resultado económico de las medidas. “Necesitamos información fidedigna, concreta, documentada y objetiva”, insistió.

Entre los datos que puso sobre la mesa mencionó una masa salarial docente cercana a los 33 mil millones de pesos mensuales y deudas provinciales que, según afirmó, rondan los 16 mil millones con Río Grande y los 12 mil millones con Ushuaia. Para Villegas, esos números muestran que el problema excede la creación de un fondo y requiere revisar la gestión general de los recursos.

“Se presenta como solución algo que no lo es en realidad. Es un atajo que nos va a llevar nuevamente a las mismas situaciones”, sostuvo. Su postura es que una ley de financiamiento no resolverá por sí sola los conflictos salariales ni las dificultades estructurales del sistema si antes no se determina cuánto dinero existe, cómo se distribuye y qué parte llega efectivamente al área educativa.