El legislador provincial Matías Lapadula, de Provincia Grande, manifestó su preocupación por la deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno provincial con el Municipio de Río Grande, que ronda los 18 mil millones de pesos. En diálogo con Aire Libre FM, sostuvo que buscará impulsar desde la Comisión de Economía y Presupuesto la insistencia de la ley de goteo de fondos a los municipios, que fue vetada por el Poder Ejecutivo.
Lapadula consideró que el camino para resolver la situación es reunir los consensos necesarios en la Legislatura y llevar nuevamente la iniciativa al recinto. El objetivo, explicó, es garantizar que los recursos lleguen a las administraciones municipales para sostener los servicios que se brindan a los vecinos y vecinas.
“Yo no puedo pedir explicaciones de por qué no se cumple una ley. ¿Qué explicación puede dar? Ninguna”, afirmó el legislador, quien cuestionó que desde el Gobierno provincial se niegue la existencia de demoras en las transferencias. En ese sentido, remarcó que la deuda se encuentra certificada por el Tribunal de Cuentas.
Para Lapadula, más que insistir en pedidos de explicaciones, resulta fundamental trabajar para conseguir los acuerdos políticos que permitan insistir con la norma. La ley de goteo busca establecer un mecanismo de transferencia de fondos a los municipios que permita dar mayor previsibilidad al envío de los recursos coparticipables.
Consultado sobre si el conflicto podría profundizarse en el marco de la próxima campaña electoral, el legislador señaló que, desde su lugar, se encuentra trabajando en la cuestión institucional. Sin embargo, advirtió sobre una posible intencionalidad política detrás de la situación que atraviesa el Municipio de Río Grande.
En esa línea, sostuvo que existen sectores que pretenderían “ahogar” la gestión del intendente Martín Pérez, a quien describió como un dirigente cuya administración cuenta con una valoración positiva de los vecinos. También afirmó que desde Provincia Grande trabajan para consolidarse como una alternativa política.
“Lo que está haciendo es quitarle recursos a los vecinos y vecinas”, concluyó Lapadula, al cuestionar las consecuencias que la falta de transferencias puede generar sobre el funcionamiento de los servicios municipales.
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