La soberanía… ¿puro cuento?

01/10 2026

EDITORIAL.

La posibilidad de establecer una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas debería obligar a la Argentina a discutir algo bastante más profundo que una nueva protesta diplomática.

 

Chile acaba de ratificar oficialmente su respaldo a los derechos argentinos sobre Malvinas. Pero, al mismo tiempo y contradictoriamente, avanza una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las islas, cuyo primer viaje está previsto para noviembre. La iniciativa, impulsada por empresarios y autoridades de ambos lados, busca establecer una vía de abastecimiento más directa que la actual conexión con Montevideo.

Por eso hay palabras que, de tanto repetirlas, corren el riesgo de perder significado.

Y soberanía es una de ellas.

Recordemos: cada vez que algún país adopta una decisión vinculada con Malvinas que afecta los intereses argentinos ocurre aproximadamente lo mismo.

Cancillería expresa su preocupación, ratifica nuestros derechos soberanos, recuerda las resoluciones de Naciones Unidas y manifiesta su rechazo. Después, todo sigue igual.

La eventual puesta en marcha de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y Malvinas ofrece una buena oportunidad para preguntarnos si esa política alcanza.

Porque mientras discutimos soberanía existen intereses económicos muy concretos con el vecino país.

Chile compra energía argentina. Y en materia petrolera, la relación acaba de adquirir una dimensión considerable: en diciembre de 2025, ENAP suscribió con YPF, Vista, Shell Argentina y Equinor contratos de largo plazo para abastecerse de crudo proveniente de Vaca Muerta hasta junio de 2033. Los acuerdos permitirán cubrir alrededor del 35% de la demanda anual de crudo de la empresa estatal chilena y contemplan el transporte mediante el Oleoducto Trasandino.

No se trata de solidaridad.

Se trata de intereses.

La proximidad de Vaca Muerta, la infraestructura existente y el Oleoducto Trasandino permiten a Chile acceder al petróleo argentino mediante una logística que ofrece ventajas concretas frente a alternativas más distantes.

Chile puede conseguir petróleo en otros lugares. También puede abastecerse de gas mediante GNL importado.

Puede hacerlo, claro.

La pregunta es a qué costo y bajo qué condiciones.

Porque recibir hidrocarburos desde Argentina mediante infraestructura conectada con ambos países no supone la misma logística que importar GNL por vía marítima o abastecerse de proveedores ubicados a miles de kilómetros.

Entonces aparece una pregunta inevitable.

Si desde Punta Arenas comienza a funcionar una conexión comercial permanente con Malvinas, ¿Argentina debería continuar su relación energética con Chile exactamente en las mismas condiciones?

Y no estamos hablando de cerrar una válvula mañana.

Hay contratos, compromisos internacionales, empresas involucradas y consecuencias económicas que cualquier Estado responsable debe evaluar. Pero entre cortar todo y no hacer absolutamente nada existe un enorme espacio para la política exterior.

Argentina puede revisar futuras autorizaciones, nuevos contratos, ampliaciones de capacidad y las condiciones de una relación energética que también resulta estratégica para Chile.

Porque la integración supone intereses compartidos, pero también supone reglas y reciprocidad.

Y antes de exigir coherencia hacia afuera, deberíamos mirar primero hacia adentro.

Allí aparece la otra discusión sobre soberanía.

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras Rurales, que había establecido límites a la adquisición y concentración de tierras rurales por parte de extranjeros.

Esta semana, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo que había frenado la aplicación de ese artículo y, de ese modo, volvió a quedar vigente la derogación de la ley. El máximo tribunal, sin embargo, no resolvió la constitucionalidad de fondo de la norma: su decisión se vinculó con la legitimación de quienes habían promovido la demanda.

Y allí aparece, nuevamente, la palabra soberanía.

La Constitución Nacional establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Pero soberanía no debería significar solamente reclamar aquello que no controlamos.

También debería significar preguntarnos qué hacemos con aquello que sí controlamos.

No son jurídicamente situaciones equivalentes. Comprar una propiedad en la Argentina no otorga soberanía sobre ella ni convierte ese territorio en extranjero.

Pero resulta difícil evitar la pregunta política.

¿Cómo explicamos que reclamamos soberanía sobre un territorio cuya administración efectiva está en manos del Reino Unido mientras eliminamos restricciones destinadas a limitar la extranjerización de la tierra dentro de nuestras propias fronteras?

Y la discusión excede ampliamente la propiedad de una hectárea.

Porque detrás de la tierra están el agua, los minerales, los hidrocarburos, los bosques y otros recursos estratégicos.

Si consideramos estratégicos los recursos naturales de Malvinas y de los espacios marítimos circundantes, también deberíamos preguntarnos qué valor atribuimos a los que se encuentran en el territorio continental.

La soberanía no puede aparecer únicamente cuando hablamos de las islas.

Tampoco debería reducirse a una consigna utilizada cada 2 de abril o cada vez que Londres adopta una decisión que afecta nuestros intereses.

Necesita una política coherente detrás.

Chile, al menos en el plano diplomático, acaba de reiterar que respalda el reclamo argentino sobre Malvinas. Pero al mismo tiempo sus empresas y autoridades regionales avanzan en una relación comercial directa con las islas.

Esa contradicción no puede resolverse solamente con una protesta diplomática.

Argentina deberá decidir qué consecuencias tiene esa nueva realidad sobre su relación bilateral con Chile.

Pero nosotros también tenemos que resolver nuestras propias contradicciones.

Porque soberanía no puede significar una cosa cuando miramos hacia las islas y otra cuando miramos nuestro propio territorio.

Malvinas es soberanía.

El Atlántico Sur es soberanía.

Los recursos en juego son soberanía.

Y nuestra tierra también.

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